El Consell d'Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Josep continúan trabajando para adaptar las Normas Subsidiarias provisionales del municipio al decreto urbanístico aprobado por el Govern en el mes de diciembre, el popularmente conocido como ‘decretazo' urbanístico. El conseller insular de Territorio, Mariano Juan, explicó que ya ha habido diversas reuniones técnicas con el Consistorio «para limar una serie de cuestiones, tanto relacionadas como no relacionadas con el decreto urbanístico».
En este sentido destacó el crecimiento de suelos industriales, «que está supeditado a que en la actualidad haya menos de un 15% de suelo urbano vacante para poder desarrollar nuevos suelos urbanizables», tal y como exige el ‘decretazo' del Govern. «Como hay un nuevo suelo urbanizable, que es el industrial que tanta falta hace en Ibiza, el Ayuntamiento tiene que justificar que está por debajo de ese 15% de suelo urbano vacante», explicó el conseller.
Otra de las cuestiones que se están dirimiendo en las reuniones técnicas entre ambas instituciones es la de «determinar de manera definitiva qué áreas de actuación del actual suelo urbano están afectadas por este decreto ley que las convierte en rústico», añadió Juan. «Necesitamos saber cuáles cumplen los requisitos exactos que entendemos que el decreto establece para saber cuáles son las que quedan desclasificadas y las que no».
Hay que recordar que en un primer momento se estimaba que podrían ser ocho las unidades de actuación que se podrían ver afectadas y pasar a ser de suelo urbano a rústico, sin embargo tras un estudio más exhaustivo el Ayuntamiento de Sant Josep redujo este número a dos. «Hay que justificar y presentar la documentación que avale que son sólo estas dos», manifestó el conseller de Territorio, «y en la actualidad estamos en esta fase de justificación. El Consistorio josepí nos tiene que mandar un borrador de esta justificación», insistió, «y nosotros estamos en la labor de ponérselo fácil y asumir lo que nos diga».
De hecho, Juan hizo de nuevo hincapié en que «el Consell está a disposición del Ayuntamiento para desbloquear esas normas no sólo por un tema de lealtad institucional, que sería ya suficiente, sino por una cuestión de que hay muchísima gente afectada, sobre todo vecinos pequeños propietarios de Sant Jordi y otros núcleos urbanos de Sant Josep».
Mariano Juan quiso destacar que no se han fijado plazos
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