‘Agustinet’ dice que hay que frenar la llegada de jets privados a Ibiza, pero que no es competencia suya

La plataforma contra los jets privados se presentó el viernes pasado.

José M. de LamoIbiza07/03/23 0:30
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«Habrá que poner límites a determinadas actividades pero no podemos regular este tema desde el Govern balear». De esta forma valoró ayer el conseller balear de Transportes, Josep Marí Ribas Agustinet, las reclamaciones de la plataforma ‘Eivissa es rebel-la', formada por el Gen-GOB, Amics de la Terra, Extinction Rebelion, Ibiza Conciencia y Rebelión Científica, que pretende que se prohíba el uso de este medio de transporte elitista.

«Así como hemos sido capaces de regular el descontrol de la construcción privada en el conjunto del suelo de las Baleares porque tenemos competencias en este ámbito», indicó el conseller, «es más complicado hacerlo en el aire, porque es una competencia que no depende del Govern, sino más bien del Gobierno central o de gobiernos supranacionales». De cualquier forma, ha dicho, «al igual que hicimos con los cruceros, donde llegamos a acuerdos para hacer posible el equilibrio territorial y ambiental, expresamos nuestra preocupación por el tema de los jets privados y nos gustaría poder llegar a un equilibrio o a una solución al respecto».

Hay que recordar que, entre otras cosas, los representantes de la plataforma criticaron que se esté centrando la reducción de las emisiones de CO2 en las emisiones de subsistencia, pero no se toman medidas en relación con las emisiones de lujo, que son las que más contaminan, según explicaron. «Lo que hagamos ahora es vital para los próximos 10 años», insistieron, «y si no controlamos las emisiones de lujo no se podrá revertir la situación».

Todas estas entidades coincidieron en la «gravedad de la situación», que se ha traducido en altas temperaturas este verano en el Mediterráneo «con temperaturas de hasta 30 °C que han provocado la muerte de muchas especies».

En cuanto al hecho de que una mínima parte de la población contamine más que el 50%, lo calificaron como «una injusticia social y climática, por lo que tenemos el deber moral de actuar porque los gobiernos no actúan contra el cambio climático».