Vicent Marí durante su discurso el Día de Baleares. | Arguiñe Escandón

Igual que Jigoro Kano, el maestro japonés creador del judo, hacía rodar sobre el tatami a su atacante utilizando su propia fuerza y la inercia de su ataque, de igual modo el PSIB-PSOE acaba de recibir una soberana voltereta política en la persona del director de comunicación del Ajuntament de Palma, Pep Alcover, que ha tenido que dimitir al trascender que está imputado en un caso de presunta corrupción abierto hace diez años, el ‘caso Multimedia', por el cual la Fiscalía le pide un total de 17 años de cárcel. El PSOE se había lanzado fieramente y en tromba a por el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, acusándolo de corrupción por la contratación en 2020 del vídeo ‘La vida islados', tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción. Cuando aún no ha sido interrogado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Ibiza (no lo será hasta el día 2 de junio, celebradas ya las elecciones en las que Marí aspira a revalidar el puesto de presidente de Ibiza), ya se le considera por las fuerzas de izquierdas (PSOE, Podemos y Més) un condenado por corrupción que debe ser apartado de la política.

Como se ha dicho tantas veces aquí, para tener tan altas pretensiones justicieras, uno debe tener su propio armario más limpio que la patena, cosa que no sucede en absoluto con los partidos que integran el Govern balear, como se acaba de demostrar. Con el mismo impulso y vigor con que atacaban al PP de Ibiza, el jefe de prensa del alcalde socialista de Palma, José Hila, ha acabado rodando por el suelo y saliendo de Cort por la puerta de atrás, aunque orgulloso y sacudiéndose el polvo, como si no pasase nada, como si su situación se debiera al PP, cuando lo cierto es que debe agradecérselo a su propio partido y a sus socios en Cort.

Porque, siendo rigurosos, ¿cómo se puede pretender que Vicent Marí deje el Consell d'Eivissa por unas acusaciones de corrupción sobre las que aún no ha sido interrogado ni de las que se ha podido defender, a la vez que se tiene durante ocho años de jefe de prensa del primer ayuntamiento de Baleares, la capital de la Comunidad Autónoma, a alguien a quien la fiscalía acusa de corrupción y le pide 17 años de cárcel?.

UN PASO AL LADO

«Prefiero dar un paso al lado y ahora espero que el presidente del Consell d'Eivissa haga lo mismo», indicó el dimitido Alcover en un comunicado, siguiendo instrucciones de sus superiores, es de suponer. Los socialistas demuestran así que no cejan en su objetivo de apartar al candidato del PP al Consell d'Eivissa. Pero es aberrante que se equipare la situación de Alcover, acusado por la Fiscalía y a quien se piden 17 años de cárcel en un procedimiento en el que se dictó hace tres años la apertura del juicio oral y que deberá ser juzgado en la Audiencia de Palma, con la situación procesal de Vicent Marí, cuando la instrucción de la causa apenas se ha iniciado y donde él siquiera ha declarado todavía.
En ambos casos, en el ‘caso Multimedia' y en el ‘caso La vida islados', los investigados son inocentes hasta que un tribunal sentencie lo contrario. Pero PSOE, Podemos y Més ya estaban dispuestos a devorar a Vicent Marí, mientras tenían en su cocina a un alto cargo en situación procesal infinitamente peor. Insalvable políticamente, como se acaba de demostrar.

Por resumir: los partidos del Pacte de Progrés han tenido durante casi cuatro años como responsable de comunicación del Ajuntament de Palma, la capital balear, a un imputado por corrupción al que la Fiscalía pide 17 años de cárcel. Sin ningún problema, sin ningún rubor. Y encima, pretendían dar lecciones a los demás. Hemos llegado al punto de que Més presenta de candidata a la alcaldía de Palma a la actual concejala Neus Truyol, a quien la Fiscalía atribuye la comisión de un delito medioambiental y por lo que reclama cuatro años de cárcel. Ya se ha dictado juicio oral y se está a la espera de juicio. Es imposible tener más vigas en el ojo, pero andan denunciando la paja en el ojo ajeno. Hipocresía superlativa.

ABOGACIA DE LA COMUNIDAD

En su comunicado anunciando su renuncia al cargo, José Juan Alcover sostiene que la parte denunciante «retiró toda acusación al considerar que no concurre ninguna responsabilidad penal». Debemos aclarar que la parte denunciante es la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que hace lo que le dice el Govern, lo que agrava aún más la cuestión, porque donde la Fiscalía ve graves delitos, la Abogacía de la Comunidad no ve nada, lo que sirve de argumento para defenderse al interesado. Una maniobra política torticera y muy reveladora del papel de la Abogacía en manos del tripartito de Bellver.

IBIZA Y PALMA SE DAN POR PERDIDAS

La izquierda sabe que, si pierde Ibiza y Palma, no podrá revalidar la mayoría en el Parlament y, por tanto, perderá la presidencia del Govern. Y según afirma el periodista Torres Blasco, «la corrupción sí puede costarle al PSIB dos escaños en Eivissa y hasta el de Formentera». Esto explica el furibundo ataque de la izquierda contra Vicent Marí. Hay mucho en juego y saben que, si no hacen nada, aunque sea bajuno y rastrero, se irán a la oposición.