El diputado del PP Miquel Jerez defenderá hoy miércoles en la Comisión de Interior del Congreso una proposición no de ley cuyo objetivo es empujar el Gobierno central y al Govern balear a activar de una vez por todas el proyecto de construcción de 120 viviendas de protección oficial en el solar de la antigua comisaría de la ciudad de Ibiza. La propuesta fue presentada por el diputado en 2022 pero la Cámara ha tardado un año en tramitar la misma para que sea debatida en comisión.
El protocolo firmado en 2019 entre el Ministerio de Interior, el Govern balear, el Consell d'Eivissa y el Ayuntamiento de Ibiza caducará el próximo 27 de febrero sin que el Gobierno central y la conselleria que dirige el socialista Josep Marí Ribas Agustinet hayan llegado a un acuerdo que permita materializar el proyecto. Interior ya indicó en 2020 que había intentado durante varios meses contactar con el Ibavi sin que ello fuera posible, por lo que acabó dirigiéndose «por escrito» a la Conselleria de Vivienda, presidida entonces por el también socialista Marc Pons, para «impulsar las actuaciones», sin haber recibido respuesta.
Las excusas de ‘Agustinet'
A lo largo de los últimos meses, Marí Ribas ha dado dos excusas para justificar el retraso en el proyecto. Por un lado, el conseller ha asegurado en varias ocasiones que el ministerio ha cambiado de criterio y que ahora apuesta por la construcción de una residencia. Este edificio, según contempla el protocolo, debería ser financiado íntegramente por el Ibavi. Marí Ribas, además, ha culpado al Consell d'Eivissa de no adelantar el dinero para la adquisición de las viviendas. Una excusa que el Consell ha rechazado escudándose en el mismo protocolo, que fija que esta institución se compromete a «adquirir parte de las viviendas de protección pública construidas por el Ibavi» para «su incorporación a su patrimonio en función de sus disponibilidades presupuestarias».
Ante esta situación, el popular Miquel Jerez defenderá en la Comisión de Interior una proposición no de ley pidiendo al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska que resuelva junto la conselleria y «en un plazo de 30 días» las «cuestiones técnicas» relativas a «la cesión de los terrenos y la construcción y adjudicación de las viviendas, con arreglo» a lo previsto en el protocolo. En la misma proposición, Jerez pide a Interior que convoque al resto de las instituciones, es decir, al Consell y al Ayuntamiento de Ibiza, con el fin de «plantear la firma del convenio para la cesión de los terrenos y la construcción de las viviendas». Y, en el caso de que el acuerdo no sea posible, el diputado ibicenco planteará que sea el Ministerio de Interior el que, una vez anule el protocolo firmado en 2019, promueva «unilateralmente o a través de fórmulas de concesión, la construcción de viviendas dotacionales para funcionarios públicos» en el solar de la antigua comisaría con el fin de «paliar la escasez de vivienda a precios asequibles en la isla».
En el texto, Miquel Jerez recuerda que la falta de funcionarios estatales en Ibiza obedece fundamentalmente al problema de la falta de vivienda a precios asequibles. En este sentido, el diputado explica en la proposición no de ley que a estos trabajadores «se les hace altamente complejo encontrar una vivienda económicamente asequible por los elevados precios del mercado de alquiler». Y a ello suma que, además, les resulta «sumamente difícil mantener un nivel de vida aceptable porque el Gobierno sigue sin reconocerles el beneficio de un complemento salarial digno por razón de la insularidad». Complemento que, como ya es sabido, sí reciben los funcionarios estatales que prestan sus servicios en Canarias.
Jerez señala también en el escrito que se debatirá en la Comisión de Interior que, dede la firma de este protocolo en 2019, la situación «se ha agravado» hasta el punto de «hacer insostenible» la estancia de estos funcionarios estatales en Ibiza.
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