La izquierda de Sant Antoni boicotea una subvención de 800.000 euros para ayudas sociales

Al no haber podido aprobar los presupuestos para el año 2023, las modificaciones de personal que se habían llevado a cabo necesitaban de una aprobación por parte del pleno de la institución. Parte de estos cambios se centraban en el departamento de Bienestar Social, que por el aumento de población precisaba de cumplir determinados ratios de personal para poder optar a una subvención de 800.000 euros otorgada por el Consell d'Eivissa. Esto implicaba que se incrementara la plantilla con un trabajador social, un educador social y un auxiliar administrativo. Una de estas plazas se iba a cubrir con un administrativo de otro departamento, y para otra de las plazas el equipo de Gobierno había optado por amortizar la plaza de delineante, dependiente del área de Urbanismo, «que lleva un año vacante y que a día de hoy no nos hace falta, ya que este trabajo lo puede llevar a cabo un arquitecto, un aparejador o un ingeniero», explicó el alcalde del municipio, Marcos Serra.

Una decisión a la que el concejal de El Pi, Joan Torres, que ejerció prácticamente como líder de la oposición a lo largo de todo el pleno, no dudó en oponerse. «Es muy necesario el puesto de delineante», aseguró pese a que el que lleva directamente el área de Urbanismo es el propio Marcos Serra, quien conoce de primera mano cómo funciona su departamento. «No estoy de acuerdo con que se suprima esta plaza», insistió, a la vez que instó a buscar una solución «que no pase por amortizar este puesto». Este mismo argumento fue esgrimido tanto por Unidas Podemos como por PSOE- Reinicia, que siguieron a pies juntillas el discurso marcado por el ex concejal de Obras Públicas pese a que, con su decisión, el Consistorio dejaba de ingresar 800.000 euros y pasaba a contar con menos personal en Servicios Sociales.

Unos argumentos que Serra trató de desmontar asegurando que tanto Obras Públicas como Urbanismo tienen más personal que nunca «y funcionan mucho mejor que antes», mientras alertaba de que si no se cumplían los ratios de trabajadores sociales se perdería la suculenta subvención insular. Asimismo, el primer edil criticó que «en las juntas de portavoces», donde se exponen todos los temas que se van a llevar al pleno, «ninguno dice ni propone nada, y luego votan en contra de las propuestas y culpan al equipo de Gobierno de no negociar». Una manera de actuar que Serra calificó como «política barata». «¿Prefieren una plaza de delineante a 800.000 euros y plazas en servicios sociales?», preguntó.
El Grupo PSOE-Reinicia propuso abstenerse siempre que el alcalde se comprometiera a volver a recuperar en un futuro la plaza de delineante, algo a lo que Marcos Serra accedió. Simón Planells, portavoz socialista, solicitó un receso de cinco minutos para consultarlo con sus compañeros, tras el cual se mantuvo en su posición de votar en contra de este punto del pleno.

La situación se repitió a la hora de votar el siguiente punto del orden del día, consistente en una modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería por valor de 4,73 millones de euros para afrontar gastos de diferentes concejalías. De ellos, 395.000 euros destinados a recursos humanos, para hacer frente a la segunda fase de la Relación de Puestos de Trabajo. Otros 2,5 millones para el departamento de Medio Ambiente para hacer frente, entre otras cosas, para hacer frente al incremento del servicio de recogida de residuos, la limpieza, viaria, jardinería, limpieza de playas, aumento del coste del servicio de Ca Na Putxa y para el plan de prevención de incendios forestales.

Un millón de euros de esta modificación de crédito se destinarían a sufragar parte de la escoleta de Sant Rafel, mientras que 733.000 euros serían para contratación, concretamente para la licitación del contrato de servicios para la realización de eventos y la licitación del servicio de grúa. Finalmente, estaba previsto destinar 58.000 euros a mantenimiento, concretamente para arreglar el parque infantil de la calle Cataluña y para la renovación de la carpintería del edificio del auditorio Cervantes.
A petición de El Pi, PSOE-Reinicia y Unidas Podemos, se votaron estas partidas por bloques, y tal y como marcó Joan Torres únicamente dieron luz verde a la destinada a personal y a la escoleta de Sant Rafel.

En unas intervenciones prácticamente calcadas, incluso haciendo uso de las mismas expresiones, los tres grupos únicamente justificaron su negativa a la partida para la licitación del contrato de audiovisuales alegando que no habían tenido tiempo de estudiar un documento tan complejo. «Ni siquiera se preocupan por saber lo que se trae a pleno», criticó Marcos Serra, «porque aquí no se están aprobando los pliegos, sólo se aprueba la partida necesaria para la licitación».
El primer edil denunció a su vez que los tres grupos, a los que acusó de urdir un compló para poner trabas a la gobernabilidad del municipio, rechazaran destinar dinero a cosas como el mantenimiento municipal, cumplir los compromisos de pago del contrato de residuos que realizaron ellos mismos en la pasada legislatura e, incluso, negarse a financiar el control del acceso a Cala Salada, algo que también se aprobó en la pasada legislatura con el PSOE, Reinicia y El Pi en el equipo de Gobierno.