Diferente es lo que supondrá para todos los municipios de las islas otro aspecto del nuevo decreto ley puesto que se crean condicionantes para que un ayuntamiento pueda decidir si crece, urbanísticamente hablando, hacia una zona u otra, limitando las competencias de los consistorios en este sentido. «Esta autonomía que tenían los ayuntamientos se ha visto mermada por este decreto ley. Se está hablando de nuevos urbanos que se puedan crear y esto afecta a todos los municipios de Baleares. El urbanismo era una competencia histórica de los ayuntamientos», lamentó el conseller.
Juan recordó que la federación balear de municipios y provincias ya ha denunciado públicamente la limitación de competencias que provocará el ‘decretazo' autonómico.
En relación a Sant Josep, la máxima institución insular de Ibiza informó al Govern de que estaban tramitando y trabajando en unas normas subsidiarias provisionales, algo que el Ejecutivo autonómico no tuvo en cuenta a la hora de aprobar esta normativa de carácter autonómico. Insistiendo en que la competencia urbanística recae sobre los ayuntamientos, no sobre el Govern, sectores como el colectivo de los arquitectos lamentaron ya la inseguridad jurídica que se ha generado al hacer «urbanismo por decreto». Cabe destacar también que el Govern aprobó una disposición adicional transitoria para excluir al municipio de Ibiza de esta normativa autonómica (Vila no tiene aprobado el PGOU porque no superó los trámites medioambientales y está rigiendo el PGOU de 1987), mientras que la Abogacía de la Comunidad Autónoma estudia ahora si excluye a Sant Antoni de este ‘decretazo'. Desde el Govern aseguraron no tener novedades sobre esta cuestión.
Sant Josep
El Ayuntamiento de Sant Josep reconoció ayer que cuenta ya con una primera evaluación sobre el impacto del decreto urbanístico del Govern, cuya afectación es mínima para el municipio y «va en la línea de los objetivos del equipo de gobierno», según declararon fuentes municipales. Desde Sant Josep explicaron que la desclasificación afecta «a zonas costeras y aisladas del municipio y no condiciona aquello que está previsto en sus principales núcleos urbanos». Tampoco altera los objetivos que persigue el Ayuntamiento con la suspensión de su planeamiento urbanístico o con las normas provisionales consensuadas con el Consell.
El Consistorio josepí aprovechó para criticar a la máxima institución insular, asegurando que se ha reunido con diferentes colectivos, pero no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento «para nada». «En este caso, lamentamos que al PP le ha faltado examinar con sosiego el decreto y hacer una valoración rigurosa del contenido antes de salir a agitar las aguas sembrando el alarmismo. Por eso les pedimos que, en lugar de salir a hacer campaña, se pongan a trabajar, porque ya hace mes y medio que tienen la petición de suspensión del ordenamiento de Sant Josep y las normas transitorias en sus despachos y nos acabamos de enterar por los medios de que aún no se han pedido los informes externos necesarios para llevarlas a aprobación inicial», lamentaron desde el equipo de gobierno municipal.
En relación a estas manifestaciones, el vicepresidente insular y conseller de Territorio, Mariano Juan, declinó valorar este tipo de declaraciones «más partidistas», aunque puntualizó que el decreto ley anunciado a finales de diciembre por el Govern «retrasa las cosas porque hay que analizar sus consecuencias» y recordó que la tramitación será mucho más larga.
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Entre los unos y los otros y la casa sin barrer.