El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, y la concejala de Educación, Carmen Boned. | Daniel Espinosa

El controvertido contrato entre el Ayuntamiento de Eivissa y Nascor Formación, adjudicado en noviembre de 2021, contiene elementos sorprendentes. Si ya llama la atención que Vila preparara un pliego de condiciones exigiendo que la adjudicataria contratara a una persona graduada en Educación Social, más sorprendente resulta comprobar cómo en ese mismo documento se adjudican a esta trabajadora funciones de personal municipal. Nascor, empresa que ha mantenido vínculos con el socialista Alfonso Molina, mano de derecha de Rafa Ruiz durante la pasada legislatura, contrató en agosto de este año a la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Ibiza, Azahara Peña. Esta se graduó en Educación Social unas semanas más tarde.

Según el pliego de condiciones, que puede consultarse en la Plataforma de Contrataciones del Estado en internet, la educadora social que debía aportar la empresa adjudicataria para la revisión del I Plan de Infancia y Adolescencia y la redacción del segundo tendrá que encargarse de «convocar y actuar como secretaria/o en el Consell municipal de la Infancia y la Adolescencia». Algo que no llamaría la atención si no fuera porque el reglamento de este consell, publicado en el BOIB en noviembre de 2013 y que puede consultarse en el portal de transparencia de Vila, señala que este papel de secretario debe ejercerlo «personal municipal» designado por la presidencia del Consell. Una presidencia que, a su vez, recae en el alcalde de Vila o en la persona que este designe.

Funciones

El pliego indica en este apartado que este secretario o secretaria tendrá las funciones de «preparar y cursar la propuesta del orden del día de las sesiones, asistir a las sesiones con voz y sin voto, levantando acta de las mismas, facilitar a los vocales la información y asistencia técnica necesarias para el mejor desarrollo de las funciones a ellos asignadas y certificaciones sobre actas y acuerdos del Consell». Además, se hará cargo de «las funciones que le sean atribuidas por la presidencia para la buena marcha de los asuntos del Consell o de sus comisiones». Básicamente, se trata de las mismas funciones que se atribuyen a la secretaría del Consell en el reglamento publicado en el BOIB.
Órgano de consulta

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El Consell Municipal de la Infancia y la Adolescencia es, según su reglamento, «un órgano de consulta y participación donde se abordan los asuntos relativos a la situación de la infancia y la adolescencia» en la ciudad de Ibiza. Este consell tiene entre sus funciones la de informar al Consistorio sobre problemas específicos de estos ciudadanos, proponer soluciones alternativas, participar en la elaboración del Plan Municipal de Infancia o «propiciar la coordinación interinstitucional referente a la implantación de políticas orientadas» a niños y adolescentes.

Peña, finalmente y según figura en el capítulo de «obligaciones del contratista» en el pliego de condiciones preparado por la Concejalía de Educación, que dirige la socialista Carmen Boned, deberá hacerse cargo también de cuestiones como la evaluación de las actuaciones del II Plan de Infancia y Adolescencia, «las coordinaciones telefónicas y/o telemáticas necesarias con UNICEF para hacer seguimiento» del mismo plan o «promover en los centros educativos la celebración del Día Universal de la Infancia». Además, tendrá que «llevar el seguimiento de los buzones escolares de participación de manera mensual mediante supervisión de los mismos», realizar «anualmente» una memoria sobre el desarrollo del plan, elaborar cada dos años «un informe de proceso» que «sistematice y describa el desarrollo» de este programa y redactar el documento de final de cumplimiento del mismo.

Sueldo

Por estas funciones, Azahara Peña recibirá un sueldo bruto anual de 22.896 euros durante dos años, más un complemento salarial de proyecto, también en bruto, de 2.346,23 euros en el mismo periodo. Además, según se puede comprobar en el pliego de condiciones, el contrato firmado por Vila con Nascor Formación tiene una duración inicial de dos años. Sin embargo, en el pliego también se indica que este periodo puede prorrogarse durante 24 meses más. Y se constata que «el valor estimado del contrato es de 145.596,80 euros, IVA excluido». No obstante, la empresa logró la adjudicación por un importe algo más bajo: 66.974,53 euros, sin IVA, para los dos primeros años.