«Creemos que cinco años de espera ya son demasiados». Los técnicos en emergencias sanitarias de Ibiza dan un ultimátum a Salud porque se sienten «hartos», «cansados» y «abandonados» por las administraciones públicas. Cabe recordar que estos profesionales llevan desde el 31 de diciembre de 2017 trabajando en condiciones precarias y desiguales pactadas en un convenio caducado que no regula la situación laboral de toda la plantilla.
En este sentido, miembros de la Formación Sindical de Técnicos en Emergencias Sanitarias (FS-TES) denunciaron que desde el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) «no hablan claro» y que esto genera desconfianza en los sanitarios, pese a que ellos reconocen que ha habido una mejora en la comunicación entre ambas instituciones.
«Hace meses que incluimos dentro de nuestra entidad una figura pública que hace de enlace entre GSAIB y el Comité de Empresa. Un mediador que nos mantiene informados», explicó el técnico en emergencias sanitarias Ignacio Moreno.
Acercamiento
En este sentido, su compañero del 061 Enrique Gómez adelantó a Periódico de Ibiza y Formentera que es cierto que en las últimas reuniones para el nuevo convenio hubo un pequeño acercamiento. «Se nos ha informado que el futuro convenio figura en Presupuestos, y que en breve se empezará con la negociación», subrayó este profesional.
No obstante, desde la FS-TES se mostraron algo escépticos ante esta información como consecuencia del tiempo que se lleva alargando este acuerdo, y reclaman que se publique el calendario con todas las fechas de negociación. «Lo principal es que queremos que sea un pacto, no una imposición. También nos gustaría que a principios de 2023 este nuevo convenio único fuese una realidad, que estuviera negociado, aprobado y en vigor», puntualizaron.
Una regulación adecuada que resolvería muchos de los problemas que existen dentro de una plantilla dividida entre fijos –sanitarios que se rigen por el antiguo convenio– y eventuales– profesionales que están encadenando contratos de seis meses y que se rigen por el convenio de la CAIB. Entre estas cuestiones, los sanitarios critican que el IPC, tanto del salario base como de los complementos, se mantiene congelado desde hace cinco años. También se quejan de las diferencias económicas que hay entre trabajadores que hacen las mismas funciones.
«Dentro de GSAIB hay varias categorías, pero están obsoletas debido al hecho de no tener un convenio colectivo único», explicó Gómez con indignación. Unas desigualdades que repercuten en los salarios de los sanitarios, en las horas anuales de trabajo y en las condiciones de los contratos. Según ambos profesionales, estas diferencias laborales crean un mal clima laboral. «La falta de un convenio único que regule a toda la plantilla hace que todo el personal del servicio urgente este molesto, incómodo y con un palpable malestar general», apuntaron.
En este sentido, este profesional explicó que actualmente las contrataciones de los eventuales se rigen por el actual convenio autonómico, una regulación poco transparente que también ha llevado a estos profesionales a denunciar al Servei de Salud. «Les han prorrateado las pagas extra y otros conceptos legales. La nueva regulación es lo mejor para todos, incluso para la propia Administración que no tendrá que realizar dos programas de nómina, uno para los indefinidos y otro para eventuales, entre otros trámites que debe asumir actualmente», apuntó.
Responsabilidades
Asimismo, explicaron que tanto su empresa GSAIB como el Govern balear no se responsabilizan por el retraso en la negociación del nuevo convenio. «GSAIB dice que no pueden hacer nada y que todo depende de Función Pública del Govern Balear». Cabe recordar que en 2018 todo el personal de servicio de urgente fue subrogado por el Govern Balear, creando el Servei de Salud una empresa pública llamada GSAIB, para gestionar dicho servicio.
«Por lo tanto nuestro sector pasó de ser privado a público. Una gestión que celebramos pensando que el fin de la externalización traería mejoras laborales y no esta situación actual», lamentaron ambos técnicos.
El apunte
Señalan que la cantidad derivada de los impagos asciende a 420.000 euros
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