Lola Penín, de APIES, mostrando el recurso que presentaron a Educación. En segundo plano, Carmen, la made de Pablo. | Irene Arango

Asociaciones pitiusas relacionadas con la atención a personas con necesidades especiales han expresado este martes su indignación por el caso de Pablo, el joven con una discapacidad intelectual moderada que lucha por cursar los estudios de FP de Jardinería a pesar de las reiteradas negativas de Educación.

La presidenta de Ibiza IN, Consuelo Guerra, consideró una «verdadera lástima que pasen estas cosas a estas alturas» puesto que «van en contra de todo lo que se está promulgando» en normativas como la ‘Ley Ceelá' en las que la inclusión aparece como un estandarte, «algo hacia lo que vamos, aunque es obvio que el articulado va por delante de lo que después las instituciones están haciendo».

Para Guerra, las explicaciones ofrecidas a la familia de Pablo por parte de la delegada de Educación en las Pitiusas, Marga Ferrer, «no son acorde a normativa».

Cabe recordar que las opciones propuestas al joven se limitan a los estudios de una FP de cocina para personas con necesidades especiales o un curso para la transición a la vida adulta.

La Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (Apies) lamentó especialmente la respuesta de Educación sobre que el alumno debería estudiar con sus iguales o que Pablo no está preparado para estudiar Jardinería.

Consuelo Guerra ha manifestado este martes que, si jóvenes de Menorca con algún tipo de discapacidad han contado con los recursos necesarios para acceder a los estudios deseados, «¿por qué en Ibiza no?». «El caso de Pablo es una pena en el sentido de que la madre lleva muchos años luchando. Al final, es una guerra de desgaste y las instituciones lo saben», lamentó la presidenta de Ibiza IN.

En este sentido, explicó también que, cuando se presenta un contencioso como el interpuesto por la familia del joven ibicenco para que éste pueda estudiar Jardinería, cuando la ley quiere resolver el alumno ya está fuera de todo plazo. «Aunque luego te den la razón, ¿de qué te vale», reiteró Guerra, lamentando que la Justicia no sea más ágil en estos procesos. «Deberían tratarse como los casos de violencia de género, con suma urgencia, porque son procedimientos en los que juegas en contra del tiempo», señaló Guerra. «Las instituciones tienen la ley cogida por el mango», consideró también.

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Para Guerra, el camino se está andando y se están haciendo cosas por la inclusión, pero «jugamos en contra del tiempo y, en este caso, es un enemigo más». «Aunque la ley diga que los recursos deben ir donde están los niños y no al contrario, la realidad no es esa», concluyó.

Desde Apneef, la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera, expresaron su total apoyo a Pablo, así como a la Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (Apies), tras el recurso presentado recientemente ante Educación para que el joven pueda cumplir su voluntad.

La Asociación Pitiusa Pro Salud Mental (Apfem) ha señalado este martes que estudios como una Formación Profesional deben ser inclusivos y, por tanto, la Administración debe garantizar la accesibilidad a los mismos. De esta manera, tiene también que incorporar medidas organizativas, metodológicas o sociales, además de realizar los ajustes necesarios para conseguir todos estos objetivos. Apfem reiteró que la FP «debe garantizar la accesibilidad universal» y confirmó que, según su experiencia, con el apoyo necesario las personas con diversidad funcional pueden perfectamente completar la formación que desean, llegando a adquirir todas las competencias.

Recogida de firmas

El pasado lunes, Apies puso en marcha en la plataforma change.org una campaña de recogida de firmas para solicitar que Educación pona a disposición de Pablo los recursos necesarios con el objetivo de que el joven pueda estudiar Jardinería. En pocas horas, cerca de 1.000 personas habían participado ya en la campaña.

En la petición se explica cómo Pablo tiene 18 años y un 60% de discapacidad. En el año 2020, con un informe favorable del orientador educativo de su instituto, pidió matricularse en la FP básica de Jardinería, siendo el único requisito para formalizar la matrícula la asignación de un auxiliar técnico educativo.

«La Administración se niega, por enésima vez, a ponerle dicho recurso, perpetuando una situación de discriminación educativa y violencia institucional ya que, año tras año, se le deniega la matrícula en esta FP básica», destacan desde Apies.

La entidad recuerda además la obligación legal de reserva de cupo para personas con discapacidad.
«Esto no es el capricho de una familia, es una cuestión de vulneración de derechos fundamentales», concluye.