«Nos sorprende y nos preocupa que en Mallorca haya habido 90 expedientes sancionadores y en el caso de Ibiza haya habido cero expedientes», manifestó el conseller tras una reunión con «empresarios significativos de Sant Antoni» entre los que estaba el gerente de Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, por parte del hotel Bellamar, Yolanda Marí, por el hotel Marfil, Antonio Ramón y Javier Anadón, CEO del Grupo Mambo. En el encuentro también participó el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí.
Actuación municipal
Respecto a las declaraciones estos días del alcalde de Sant Antoni y de la concejala de Gobernacón, Neus Mateu, sobre las dudas respecto a la aplicación de la normativa, Negueruela recordó que las autoridades habían tenido dos años desde la publicación de la norma para plantear estas dudas.
«Es un texto legal, que no se puede desconocer y no se puede decir que no se sabe cómo cerrar un local. Si una concejal dice eso y es responsable de la seguridad debería asumir responsabilidades», indicó. Añadió que «cualquier que haya estudiado derecho sabe como aplicar las normas» y que existen unos servicios jurídicos que pueden ayudar en esta materia.
Negueruela consideró que la inaplicación de la norma «da una imagen de impunidad» cuando la potestad sancionadora que incluye el decreto de turismo de excesos «es muy alta, sobre todo a través de la potestad de cierre de establecimientos».
En este sentido recordó que tanto en playa de Palma como en Magaluf se habían llevado a cabo cuatro cierres «instados por las policías locales, no por cuerpos autonómicos». Explicó que los cuerpos autonómicos tienen la responsabilidad de instruir las actuaciones que salen de los ayuntamientos.
Informó de que la reunión que se mantuvo el miércoles pasado con las autoridades municipales afectadas por el decreto y representantes de los consells no fue para coordinar actuaciones, sino para saber qué está sucediendo este verano y en ella se manifestó la inexistencia de expedientes en Ibiza fruto de la aplicación del decreto de excesos.
En cuanto a las intervenciones por excesos mediante ordenanzas, Negueruela comparó las 86 actuaciones de Sant Antoni con las 2.200 de Calvià o las 1.500 de Palma. «Si han hecho 80 actuaciones frente a 2.200 o 1.500 a través de ordenanzas, creo que estamos ante una grave dejación de funciones», valoró Negueruela.
Consideró que con este ritmo de actuaciones «se está dando muy mal ejemplo a los empresarios que lo están haciendo bien y están invirtiendo mucho en mejorar la imagen de Sant Antoni».
El apunte
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