Sant Antoni ha realizado 86 intervenciones contra los excesos

Desde que comenzó la temporada turística, el Ayuntamiento ha denunciado a 14 locales por ruido. Otros 12 han sido denunciados por publicidad dinámica. Se han levantado diligencias contra 14 establecimientos por delitos contra la salud pública y, además, se han presentado 37 denuncias por consumo o tenencia de estas sustancias.

Estas intervenciones las ha llevado a cabo la Policía Local del municipio, cuya plantilla, ha recordado el primer edil, «está por primera vez casi al 100%». Los agentes, además, están realizando horas extras por las que el Ayuntamiento está pagando los complementos correspondientes. Este cuerpo de seguridad, por otro lado, está colaborando con la Guardia Civil.

Y, según ha avanzado Serra, el Consistorio prepara un convenio de apoyo con el instituto armado para reforzar estas acciones conjuntas.

Serra ha explicado, por otro lado, que el Govern se comprometió a enviar a este municipio los inspectores necesarios para poder aplicar el decreto de excesos. Algo que, de momento no ha sucedido aunque, ha apuntado su compañera de Gobierno, Neus Mateu, el conseller Iago Negueruela se ha comprometido esta semana a agilizar este proceso. «El decreto es del Govern», ha subrayado el alcalde de Sant Antoni, «y tiene que ayudar a aplicarlo. Esto sí lo hace en Mallorca pero aquí no. Sant Antoni cuenta con la ayuda del Consell d'Eivissa, que sí envía a sus inspectores turísticos».

Serra también ha repasado las acciones llevadas a cabo por el Consistorio con el fin de acabar con el turismo de excesos. Acciones entre las que destacan la ampliación de la contrata de limpieza por unos 500.000 euros adicionales al año, el incremento de promociones turísticas en áreas como la gastronómica o la preparación de colaboraciones con el artista urbano Okuda San Miguel. «Si tanto le preocupa el turismo de excesos a la oposición», se ha preguntado Marcos Serra, «¿por qué no hicieron nada en la pasada legislatura?». Y ha puesto como ejemplo de esta inactividad la redacción de un informe, que costó 50.000 euros, sobre acciones culturales «que luego se quedó en el cajón».