Tras el proceso de desahucio de las escaleras 3, 4 y 5 del bloque A de los Don Pepe, Guerrero citó a los medios de comunicación a las 13 horas en la entrada del Consistorio para hacer una valoración de cómo se había desarrollado la jornada. Los afectados, que ya habían expresado su malestar por que nadie del equipo de gobierno se personara en el desahucio, decidieron acudir a la cita para mostrar, una vez más, su descontento con la forma de actuar de la administración.
Al comprobar que, además de periodistas, había un nutrido grupo de propietarios de los Don Pepe esperando al primer edil, desde Alcaldía optaron por cambiar el lugar de la comparecencia, y se optó por llevarla a cabo en el interior del Consistorio.
Esta decisión fue la que encendió la mecha de la indignación de los desahuciados, que con gritos de «cobarde» contra Guerrero por no «dar la cara» ni «mirar a los ojos» de las familias a las que «ha echado a la calle», empezaron a entrar en la casa consistorial tras los periodistas exigiendo la presencia de Ángel Luis Guerrero.
En un principio, y ante la ausencia de efectivos policiales, fueron los miembros del gabinete de prensa los que tuvieron que hacer de freno a los vecinos.
Al no poder controlar la situación, optaron por encerrarse en el despacho del alcalde mientras la indignación vecinal incrementaba. Los gritos de los desahuciados iban en aumento, mientras trataban de acceder al despacho de Guerrero.
Finalmente, apareció un agente de la Policía Local que trató de frenar y mediar con los afectados. Minutos después aparecieron más agentes, que ya pudieron montar un cordón ante la puerta del despacho.
La insistencia de los vecinos en que diera la cara el primer edil era tal que finalmente tuvo que desplazarse a la sede del Ayuntamiento todas las fuerzas que se habían desplegado previamente en el desahucio en es Codolar, incluido el grupo especial de la Guardia Civil que se había desplazado desde Palma.
Con la situación algo más controlada, un agente del cuerpo local quiso dejar muy claro que «no es el momento ni el lugar para que el alcalde se reúna con 35 personas», a lo que los vecinos contestaban que «si nos ha echado a todos se tiene que reunir con todos».
Finalmente la portavoz de los afectados, Silvia Hernández, logró mantener un encuentro con el alcalde, en el que éste accedió a reunirse con una persona por vivienda, en grupos de un máximo de 10 personas y por un espacio de tiempo de 15 minutos para que pudieran exponerles sus quejas. Con este compromiso los vecinos aceptaron abandonar el interior del Ayuntamiento y los ánimos se calmaron definitivamente.
Proceso «ejemplar»
Hasta el momento, el proceso de desahucio había sido «pacífico y ejemplar», tal y como señaló ante los medios de comunicación Ángel Luis Guerrero. «El dispositivo ha transcurrido con total normalidad gracias a la colaboración de estas personas que tienen que dejar estos pisos», aseguró, mientras insistía en el «riesgo que representa el inmueble», algo en lo que ni los vecinos ni los técnicos que revisaron en profundidad el inmueble comparten.
«Es un momento muy duro para ellos, pero no nos perdonaríamos que ninguno se hiciese daño por el estado del edificio», continuó el primer edil.
Asimismo, informó sobre los datos del operativo desarrollado en los Don Pepe. En total, la Policía precintó 23 viviendas tras la salida de sus ocupantes, y en otros cuatro casos que no había nadie dentro se procedió al cambio de la cerradura.
Durante toda la actuación «una empresa de transportes» contratada por el Ayuntamiento «ha colaborado con los desalojados para portar todo aquello que se quisieran llevar hasta la nave alquilada por el Ayuntamiento».
Asimismo, anunció que una vez finalizado el desalojo el Consistorio «se hará cargo del cierre perimetral del edificio» y, mientras se instala, «asumirá a su cargo el servicio de vigilancia privada que velará para que nadie entre en los pisos precintados». De las tres escaleras que se desalojaron en la jornada de ayer, Guerrero explicó que, hasta la mañana de ayer, 12 familias se habían registrado en los apartamentos Bonsol y otras ocho ya habían solicitado ayudas para hacer frente a un alquiler.
Estas ayudas, según destacaron desde la administración local, se encuentran en distintos estadios de tramitación, «que se hace con la máxima prioridad para que su aprobación sea rápida».
Guerrero reiteró que, con la ayuda municipal y del resto de administraciones implicadas, Govern y Consell, «hemos de buscar una solución definitiva para estas personas, para que ninguna se quede atrás. Nos tenemos que romper la cabeza para encontrar una salida que no sea gravosa para estas personas que acaban de perder su casa».
Asimismo, aseguró desconocer si había alguna administración interesada en expropiar los terrenos en los que se ubican los Apartamentos Don Pepe. En este sentido recordó que el aeropuerto, que es lo más cercano a este enclave, «cuando ha querido expropiar lo ha hecho». De hecho, en su última expropiación, realizada hace unos 10 años, se incluía el vial de acceso a los Don Pepe, «pero como parece ser que al final no lo ha incluido dentro del aeropuerto, sigue siendo utilizable».
1 comentario
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¡Robar todo un edificio! ¡Increíble pero cierto! También podemos preguntarnos si no había forma de defenderlos mejor ante un ayuntamiento de 30.000 habitantes y un alcalde neófito ... Porque esto nunca había sucedido en un estado de derecho. No es normal que estos enanos políticos tuvieran éxito en su maniobra. ¿Dónde está la complicidad? Porque esta necesaria para que un plan de este tipo tenga éxito. Todo esto es preocupante, nos gustaría que los periodistas investigaran seriamente. Ánimo a los habitantes y ciudadanos que han visto pisoteados sus derechos fundamentales por la izquierda humanista. Pero si realmente lucháis, como Auer en el ayuntamiento, gánarais, porque la justicia y la buena fe están de su lado.