El Ayuntamiento de Ibiza realizó en 2017 un total de 878 contratos menores con «fraccionamiento» o con «indicios de fraccionamiento» por un importe total de 403.000 euros, por lo que «por la coincidencia del objeto, del contratista y por la suma de los importes contratados durante el ejercicio 2017 obligaría a la tramitación de un expediente de contratación».
Así de tajante se ha mostrado la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares en su informe sobre las subvenciones, los contratos y los convenios del Ayuntamiento de Ibiza correspondiente al ejercicio 2017.
En sus conclusiones, dicho informe destaca a su vez que también ha detectado contratos menores «en el que el objeto corresponde a prestaciones continuadas o periódicas y repetitivas y, en todo caso, ordinarias dentro de las competencias y funcionamiento normal del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, necesidades que se tienen que cubrir con la tramitación correspondiente de un expediente de contratación», es decir, que hay que realizar concurso público.
Este sería el caso, por ejemplo, de los contratos adjudicados a dedo a la familia del conseller balear de Vivienda y secretario general de Federación Socialista Pitiusa, Josep Marí Ribas Agustinet, para la auditoría de la calidad de las playas del municipio, ya que se trata de un trámite que, obligatoriamente, se ha de realizar anualmente, por lo que no tiene carácter de urgencia, ni puntual ni excepcional, es totalmente previsible y, por lo tanto, planificable en el tiempo.
De hecho, tras publicar el Periódico de Ibiza y Formentera las informaciones sobre estos contratos, y tras los desmentidos iniciales del Consistorio y los ataques del socialismo pitiuso contra este medio de comunicación, el Ayuntamiento no tuvo más remedio que anunciar que, para el próximo año, sacará la realización de estas auditorías a concurso público. Asimismo, este año solicitó por primera vez que otras empresas presentaran ofertas, aunque finalmente fue de nuevo la de la familia de Agustinet la que se hizo con la adjudicación del contrato al «ser la oferta más ventajosa».
Contratos nulos
La Sindicatura de Cuentas detectó a su vez que el equipo de gobierno del socialista Rafa Ruiz había contratado, a través de contratos menores, por un importe de 73.000 euros con comunidades de bienes, «que son entidades sin personalidad jurídica, lo que contraviene lo que se establece en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público respecto de la capacidad de obrar del contratista, hecho que, además, provoca que resulten nulos de pleno derecho».
Pero no sólo se detectaron irregularidades en los contratos menores. Según se desprende del informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas, entre otras muchas irregularidades detectaron que en un expediente de contratación no constaba documentada la actuación donde se articula la negociación de los aspectos económicos y técnicos realizada. Además, tampoco consta la publicación de la adjudicación del contrato en el perfil del contratante.
En otro de los casos, la fórmula prevista en el cuadro de características del contrato no corresponde con la que se aplicó para valorar las ofertas, lo que supone un incumplimiento de lo que prevé el apartado de criterios de adjudicación. Y, finalmente, una de las empresas que resultó adjudicataria de un contrato tendría que haber sido excluida del concurso por un incumplimiento de los pliegos de prescripciones ténicas.
Ante estas irregularidades detectadas, el organismo fiscalizador de las cuentas municipales realizó al Consistorio una serie de recomendaciones como reservar los contratos menores «para atender necesidades puntuales, cumpliendo siempre los límites establecidos para este tipo de contratación, y tramitar por un procedimiento abierto el resto de contrataciones».
Además, desde la Sindicatura de Cuentas consideraron necesario que el organismo local justifique «adecuadamente la necesidad que se pretende satisfacer con la prestación del objeto del contrato, así como el procedimiento y la forma de adjudicación elegidos».
También considera necesario que Vila «defina adecuadamente» las fórmulas para valorar los criterios de adjudicación del contrato con el objeto de respetar la ponderación atribuida a cada uno de esos criterios.
Asimismo, le recomienda que establezca un sistema de «control exhaustivo» de la ejecución de los contratos que garantice el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario y, «en el caso de incumplimiento, la exigencia de las responsabilidades que correspondan».
6 comentarios
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En definitiva; la política de este bendito País, está llena de corruptos, que juegan con los intereses de los conciudadanos en beneficios de ell@s mismos , familiares y amigos. SINVERGÜENZAS.
Da igual que nos quejamos aquí. Mientras la mayoría de la gente sigue votando PP y PSOE pasará lo mismo siempre. Y no creáis de que son diferentes. Después de discutir en el pleno se van juntos de comilonas a nuestra costa. Todos.
Es lamentable, y te entran ganas de repartir o...... como panes pero si yo mandase os puedo decir que la carta de dimisión de todos estos la quería para el día siguiente a las 8 de la mañana en la mesa del despacho, me da igual el color político que tengan.... en fin suma y sigue....
Ay, Ay, Ay contratos menores para amiguetes!!! me suena!!, dilapidación de dinero publico, claro como no es de nadie.... esto solia pasar mucho en Andalucia, no?
@Pepe pues que son todos unos utos ladrones y que tu coml yo a pagar y pagar. Porque ningunl va a dimitir ni pisar la prision
Qué dicen del resto de ayuntamientos?