La máxima institución insular también se reunió con los ayuntamientos, a los que trasladó la propuesta de protocolo unificado para actuar ante una denuncia por fiestas ilegales. En el encuentro también participaron la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Dirección General de Emergencias del Govern y la Dirección Insular de la Administración General del Estado.
El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, hizo hincapié en que, a pesar de contar con este nuevo protocolo, la ley no recoge específicamente como actividad ilícita las fiestas ilegales, «por ello los ayuntamientos y sus policías nos han pedido reiteradamente que se clarificase en la ley para discernir lo que es un evento privado y lo que es una fiesta de pública concurrencia».
Actualmente existen diversas sentencias favorables a la actuación de los ayuntamientos por haber sancionado fiestas ilegales a través de la Ley de Actividades, pero Juan puntualizó que se hace necesario, para dar seguridad a la actuación policial, un cambio normativo además del criterio favorable de los jueces.
Cambio legal
La propuesta de cambio de la Ley de Actividades supone plasmar el criterio judicial, definiendo una fiesta ilegal como un evento de pública concurrencia sin autorización municipal; establecer que se trata de una infracción muy grave, con una sanción mínima específica de 100.001 euros, en lugar de los 30.001 euros que fija ahora la norma, y señalar como responsables a los promotores y a los que publiciten o capten clientes para las fiestas. También serían responsables solidarios los propietarios de las casas cuando no puedan demostrar que han actuado para evitar estas fiestas cuando conocían de su celebración. «No hablamos de propietarios que hayan tenido la mala fortuna de que se celebre una de estas fiestas en su casa sino de aquellos que forman parte de la actividad y no hacen nada ante la celebración reiterada de fiestas en el inmueble», concretó Mariano Juan.
La celebración de este tipo de fiestas implicaría también la posibilidad de imponer medidas provisionalísimas como el decomiso de los equipos de música y la recaudación, además del corte inmediato del suministro de electricidad y agua para agilizar la paralización de la actividad.
Respecto a la modificación de la Ley de Turismo, establece los mismos puntos que la anterior, pero, respecto a los propietarios, se establece la posibilidad de dar de baja de forma definitiva su vivienda del registro de establecimientos turísticos y no se podría dar de alta durante los tres años siguientes.
En cuanto al protocolo, del que ya dio cuenta Periódico de Ibiza y Formentera conforme al borrador elaborado por el Ayuntamiento de Santa Eulària, el Consell d'Eivissa ha hecho modificaciones mínimas y el presidente Vicent Marí explicó que «el objetivo es que todos los implicados en esta lucha cojan este protocolo, miren si hay algún punto que se pueda mejorar y lo hagan suyo, para que no sea más fácil cometer estas infracciones en un municipio que en otro».
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