Santa Eulària destaca la dificultad de determinar si una fiesta en un domicilio es o no ilegal

«De las primeras no hemos detectado ninguna», indicaron desde el Consistorio, «pero hay que tener en cuenta que para actuar contra los organizadores como si fuese una actividad económica irregular primero hay que tener evidencia de que lo es». «En ocasiones esto se ha podido hacer», recordaron, «pero en loas últimas intervenciones lo que prima es la seguridad y acabar con las molestias y no da tiempo a realizar otro tipo de averiguaciones».

En cuanto a fiestas molestas, desde que decayó el estado de alarma Santa Eulària ha realizado cuatro intervenciones, que acabaron con acta de denuncia por molestias a los vecinos. En una de ellas detectaron a más de 200 asistentes, en otras dos no se permitió a los agentes el acceso a la vivienda «por lo que se iniciará un expediente sancionador contra la propiedad de cada una de las casas», y una última actuación en can Furnet.

De cualquier forma, desde el Ayuntamiento destacaron que no son los únicos avisos que se reciben por molestias, «pero en la mayoría de ocasiones los policías no aprecian ruidos o molestias para los vecinos cuando acuden al aviso o se apercibe a los causantes, se les insta a que dejen de molestar y cuando se constata que quitan la música o abandonan el lugar, se está pendiente de si se vuelven a producir molestias, lo cual no suele ocurrir».

En cuanto a colaboración, la relación con la Guardia Civil «es muy estrecha y cuando llegan avisos de este tipo y se suelen distribuir entre ambos cuerpos según los servicios prioritarios que tengan en ese momento». Además, si es necesario se consignan patrullas de las dos entidades para acudir al aviso. «En ese sentido, el sistema funciona bastante bien», subrayaron desde la administración local.

De cualquier forma, matizaron, «el hecho de que no haya sanciones por actividades de fiestas ilegales no significa que no sospechemos que algunas sí que pueden serlo». En este sentido, desde Santa Eulària apuntaron que existen algunas dificultades legales «que consideramos que se tendrían que superar para poder hacer un trabajo más efectivo».

Ya en la Junta Local de Seguridad que se celebró el 7 de junio se propuso por parte del Ayuntamiento la conveniencia de crear una comisión «capitaneada por el Govern, con todas las administraciones implicadas, las Fuerzas de Seguridad del Estado y con representantes del sector de viviendas vacacionales para tratar de las posibles mejoras en la normativa, a todos los niveles, para facilitar el acceso e inspección a las viviendas vacacionales cuando haya sospechas de que en ellas se están realizando fiestas ilegales».

«Estamos hablando no ya de una actividad económica que no paga impuestos y no cumple la normativa, sino de situaciones que son potencialmente peligrosas para las personas y muy molestas para los vecinos», recalcaron.

En cuanto a que sea el Govern el que la lidere «se basa en el hecho de que entendemos que este no es un problema de un solo municipio y que, probablemente, tampoco lo es de la isla de Ibiza. Pero, además, es necesario que esté presente el organismo que puede abordar cambios en las leyes autonómicas para facilitar la lucha contra esta actividad y que, en caso de que sea necesario, pueda tener más facilidad para plantear cambios en la normativa estatal».

Por su parte, las fiestas privadas en domicilios particulares han sufrido un notable incremento en el municipio de Sant Antoni desde que el Gobierno dio por finalizado el estado de alarma el pasado 9 de mayo. Según datos aportados por el ayuntamiento de la Villa de Portmany, desde esa fecha la Policía Local ha tenido que intervenir en un total de 14 fiestas privadas en domicilios.

De estas intervenciones, los agentes interpusieron denuncias en cinco ocasiones en casas y dos en pisos por incumplimiento de la ordenanza municipal de Ruidos.

En el resto de intervenciones, según constató el Consistorio, los participantes en estas fiestas accedieron a quitar la música, con lo que cesaron las molestias a los vecinos. En tres ocasiones los policías se encontraron con la negativa de los implicados a colaborar, abrir la puerta o identificarse, y únicamente apagaron la música con la presencia de los agentes.