Casi ocho años después del robo al Grupo Empresas Matutes, la sala de vistas de lo Penal de sa Graduada acogió ayer la primera doble sesión del macrojuicio por el robo de más de 2,7 millones de euros perpetrado en octubre de 2013.
Después de un proceloso recorrido judicial jalonado en los últimos meses por dos aplazamientos por la pandemia, a primera hora de ayer los tres investigados se sentaron en la banqueta de los acusados para afrontar un macrojuicio que está agendado hasta el viernes con sesiones de mañana y tarde.
La vista oral arrancó con la declaración del principal acusado, Rafael Rodríguez, considerado el autor material del robo y que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por un delito de robo con fuerza.
Rodríguez, que fue expulsado del Cuerpo Nacional de Policía tras su detención, reconoció que trabajaba como seguridad para el Grupo Matutes, pero rechazó la acusación del robo. A preguntas de su abogado alegó que la noche de autos escuchó la alarma, pero añadió que estaba con sus hijas porque su mujer se encontraba fuera.
Posteriormente fue el turno del interrogatorio al segundo de los acusados, José Joaquín Fernández, quien afronta el juicio como acusado por un delito de encubrimiento. Según el relato de los hechos, él escondió una de las bolsas con parte del dinero.
Las restricciones impuestas por la pandemia del covid es un obstáculo añadido al desarrollo del juicio y dejó ayer imágenes curiosas por el elevado número de testigos, letrados y procuradores. Tras la declaración de los acusados se abrió la ronda de testificales de los agentes de la Policía Nacional que se hicieron cargo de la investigación del robo y de la recuperación del dinero.
Las defensas trataron de poner el foco en «las sombras» en la cadena de custodia del dinero robado y en las actas policiales de la investigación.
Petición fiscal
La Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión para Rafael R., el exagente acusado como autor material del robo en el Grupo Empresas Matutes, para el que trabaja como servicio de seguridad. También reclama que Rodríguez indemnice al Grupo de Empresas Matutes con 995.000 euros, la suma de dinero que, supuestamente, aún falta por recuperar de los 2,7 millones robados.
Para el agente José J. Fernández la Fiscalía reclama 21 meses de prisión por el delito de encubrimiento y no exige indemnización.
La acusación particular del Grupo de Empresas Matutes, pide, además, un año de prisión para la mujer del principal acusado, a la que también considera encubridora.
Según el relato de la Fiscalía, el robo lo perpetró una única persona. En su escrito, argumenta que la noche de autos, Rodríguez aprovechó de su condición de personal de seguridad de Empresas Matutes para entrar en el edificio del grupo, en la avenida Bartomeu de Roselló de Vila. Su intención, según la acusación, era reventar la caja fuerte y para ello había comprado por internet botellas de acetileno y oxígeno y un soplete.
1 comentario
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No lo entiendo, además de ser de lo más listo que jamás se vio en la policía son unos auténticos currantes muy muy honrados. Vaya par.