La UME tardó menos de mediodía en montar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Motril.

La noticia adelantada el pasado lunes por Periódico de Ibiza y Formentera del proyecto de campamento con wifi, canastas y porterías en el solar anexo a la comisaría de Policía de Vila, donde se han de construir VPO para que los inmigrantes guarden cuarentena dio paso a una serie de despropósitos y contradicciones que se han sumado a los de una nueva semana de despropósitos y contradicciones como las restricciones que se relajan in extremis, incluso en zonas en las que crece la incidencia como en Menorca, o como pedir toque de queda a pesar de la baja incidencia y de que queremos presentarnos como destino seguro y lamentamos el jarro de agua helada que ha supuesto la decisión del Reino Unido de no contemplar las islas como lo que son intrínsecamente, un territorio separado de la Península.

Este punto, entre otras, ha evidenciado que la estrategia del Govern de jugárnoslo todo a tener una baja incidencia para poder ser un destino seguro estaba basada en un postulado de partida endeble, cuando menos, porque, lamentablemente, hemos aprendido que también dependemos de la estrategia de los otros 16 presidentes autonómicos y de un presidente populista que quiere que los británicos pasen sus vacaciones en casa, escaso peso diplomático mediante.

El Ayuntamiento de Ibiza, en su línea habitual de opacidad informativa, se desentendió cuando le preguntamos hace semanas por el proyecto de campamento que había encargado. Es algo que se trató en el Consell d'Alcaldes nos dijeron, dando a entender que nada tenían que ver en ello. Tampoco aclararon nada desde Delegación del Gobierno ni desde el Consell d'Eivissa.

Hasta que logramos acceder al proyecto cuyo promotor es el Ayuntamiento de Ibiza, como todos nuestros lectores han podido comprobar. Lo que antes de la publicación fue una evasiva más dio paso, tras revelar su contenido, a un supuesto desmentido y a una serie de informaciones contradictorias.

Por lo que han venido contando los protagonistas del episodio, la historia del campamento es la siguiente. En una reunión, que no era un Consell d'Alcaldes formalmente, celebrada a principios de noviembre, en la que participa la presidenta del Govern, Francina Armengol, la entonces consellera de Presidencia, Pilar Costa, y la delegada del Gobierno, Aina Calvo, y su hombre en Ibiza y Formentera, Enrique Sánchez, se trató la problemática de la cuarentena de los inmigrantes sin llegar a ninguna decisión.

El Gobierno se negó en redondo a acceder a la petición de Armengol de que se pudieran utilizar las residencias de militares de Vila y/o Sant Antoni, tal como informó este periódico el 9 de noviembre del año pasado.

En ese encuentro, se hizo un repaso a los activos disponibles, como el campamento de cala Jondal, las instalaciones de sa Casilla que ya habían sido cedidas por el Ayuntamiento de Sant Josep en alguna ocasión y la carpa que se había instalado en el puerto. También se trató la posibilidad de utilizar el hotel puente alquilado por Salud para garantizar la cuarentena de los turistas y de los residentes con dificultades para hacer el aislamiento con garantías y de alquilar otro como había hecho el Consell de Mallorca con un establecimiento en Llucmajor que levantó mucha polémica por la problemática derivada de su uso para inmigrantes, aunque la oposición vecinal y de la comunidad educativa tergiversara sus rechazo para evitar ser acusados de xenófobos.

Armengol propuso acondicionar un pabellón de sa Coma para dicho cometido, a lo que se negó el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, porque si bien no tenía categoría de Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) mucho se le iba a parecer. Además, en la zona ya hay Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) y menores tutelados por el Consell en el centro Pare Morey.

En esa reunión también se habló de la posibilidad de instalar una carpa en el solar anexo a la Policía. Nadie habló de quién pagaría la fiesta ni de qué requisitos debía cumplir la instalación.

Subyace en todo este asunto que las instalaciones provisionales las carga el diablo y que el cementerio está lleno de soluciones provisionales cuyo uso se eterniza. Las aulas prefabricadas de los colegios, barracones cuando la izquierda está en la oposición, son un ejemplo. Veremos cuántos años operaran las ITV móviles en el Recinto Ferial, cuántos años funcionará el centro de baja exigencia de sa Joveria hasta que esté inaugurado el definitivo de es Gorg, la estación marítima provisional de Botafoch se acercará a una década en servicio…

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Abona esta hipótesis la magnitud de la segunda versión del proyecto, mucho más modesta que la primera por cierto, con obras de infraestructuras de todo tipo, acometidas de agua, luz, un periodo de ejecución de seis meses y más de 400.000 euros de presupuesto.

Refuerza este riesgo el hecho de que una infraestructura provisional pensada única y exclusivamente para guardar cuarentena disponga de canastas y porterías y zonas de descanso. No porque no tengan derecho a ellas los inmigrantes allí alojados, sino porque esa no es la filosofía de un aislamiento por contacto estrecho, el objetivo teórico de la intervención.

Lamentablemente, las PCR no garantizan que en el momento de la extracción de la muestra uno no esté infectado, como ha evidenciado que personas con una sintomatología que no alberga dudas de padecer la enfermedad den negativo. Esta es la razón por la que las autoridades sanitarias han obligados a guardar cuarentena a millones de personas sanas, con PCR negativas, sin importarles el trastorno laboral y familiar que supone, ya que existe más riesgo del tolerable que esa persona contagie a otras personas.

El hotel puente no es una cárcel, pero se le parece, ya que uno está privado de libertad. Los internos no pueden salir de la habitación durante los 10 días que están allí como mínimo. Les llevan la comida hospitalaria y se la dejan en la puerta de la habitación para evitar tener cualquier contacto. Los que han sufrido la experiencia la describen como una tortura, ya que, no lo olvidemos, están sanos, en su mayoría.

Si guardas la cuarentena en casa, no puedes salir de la habitación en el caso de que compartas vivienda. Previa desinfección a fondo.

Un servidor fue obligado a guardar aislamiento por haber sido contacto estrecho de un asintomático y desde la central telefónica me informaron que podía ir a comprar porque vivía solo, nada más, algo que incluso me sorprendió tanto de que a día de hoy sigo dudando de que esté en el protocolo.

Así que me cuesta entender que unos inmigrantes que han de guardar cuarentena compartan literas en barracones, convivan abiertamente con otros inmigrantes llegados en otras pateras, jueguen al baloncesto y al fútbol para entretenerse, obviamente sin guardar la distancia de seguridad, cuando hemos estado limitando la actividad deportiva de toda la sociedad durante muchos meses sin que existiera el menor indicio de que estuvieran los chavales contagiados; al igual que tampoco cuadra que tengan una zona arbolada con bancos para pasar el rato navegando con su smartphones y subiendo fotos a Instagram gracias a la red wifi con la que cuentan en el campamento cuando a mí me prohibieron expresarme ir a pasear por el campo o la playa solo durante mi periodo de aislamiento.

No hay que perder de vista otro aspecto relevante de este caso. El Gobierno se vio obligado a sacarse de la manga los centros de estancia temporal para inmigrantes para dar respuesta a la masiva llegada de pateras a las costas del país.

Se trata de instalaciones poco reguladas según el Defensor del Pueblo que funcionan más o menos como una extensión de las dependencias policiales para el cribado de los extranjeros que pasan allí, en teoría, un máximo de 72 horas. Tras transcurrir dicho plazo, unos van a los CIE, argelinos y marroquíes, y otros son puestos a disposición de las ONG con las que hay convenio, según denuncian algunas organizaciones. Aquí directamente, se preveía que el campamento fuera gestionado por la Cruz Roja.

Tampoco entiendo que Rafa Ruiz se haya querido poner la medalla de superprogre de la muerte, haya acusado al Partido Popular de «xenófobo» y «racista» por haberse opuesto a la instalación pero no hayan dicho abiertamente que está a favor del campamento a pesar de haberlo encargado y se haya dedicado a negar la evidencia, que es el promotor, y a escurrir el bulto con medias verdades, es decir, mentiras, al afirmar que el campamento es un acuerdo del Consell d'Alcaldes cuando esta cuestión se trató en una reunión multipartita con Gobierno y Govern, pero no el órgano de cogobernanza entre el Consell d'Eivissa y los primeros ediles, y en ella no se acordó montar un campamento. Se habló de una carpa.

A falta de saber el número de pateras que llegarán a nuestras costas este verano y el número de grupos que necesitará guardar cuarentena y dando por hecho que el hotel puente deberá prorrogarse este verano, lo lógico es que los inmigrantes sean aislados en el mismo sitio que los residentes y los turistas que lo necesiten. Y si el Govern ha de poner otro hotel puente porque el primero no es suficiente, que lo haga. ¿O es que por ser inmigrantes han de tener un trato diferente?