Así de desprende de la documentación aportada por la Asociación de Usuarios del Puerto de Ibiza al sumario del caso Mar Blau, que investigaba el presunto amaño de la concesión de este enclave portuario.
En el Estudio Económico Financiero que SEMAR presentó para optar a la adjudicación del concurso de los atraques de Marina Ibiza, cuyo rigor era uno de los principales factores de puntuación según el pliego de condiciones, se hacía referencia directa a los intereses de los, por entonces, usuarios de los amarres del puerto.
Estudio económico
Concretamente el texto, en su apartado de conclusiones, señalaba que los socios y la dirección de SEMAR habían trabajado en la preparación de la oferta y del estudio económico financiero «con el objetivo principal de elaborar la oferta económica más competitiva posible que sea capaz de satisfacer, de forma equilibrada, los intereses de las distintas partes implicadas en el proyecto», entre los que se encontraban la Autoridad Portuaria y «los usuarios actuales de los amarres de la Ribera Norte».
Un equilibrio que, según la empresa concesionaria, quedaba garantizado con la percepción por parte del ente portuario de «unas tasas superiores en 5,9 veces a las mínimas establecidas en los pliegos de bases».
En el caso de los amarristas, la mayoría de los cuales poseían embarcaciones con menos de 15 metros de eslora, «se les ofrecerá un amarre de dimensiones similares a las que tienen o una alternativa adecuada a unas tarifas que, en el caso de embarcaciones inferiores a 15 metros de eslora, incluyen para embarcaciones de base un descuento sobre las tarifas máximas de los pliegos de bases que oscila entre el 85% y el 65%, dependiendo de su eslora».
Una vez obtenida la concesión del puerto deportivo, la empresa SEMAR alegó desconocer las embarcaciones de base, lo que se contradice con su estudio económico financiero, cuyo rigor era fundamental a la hora de puntuar las candidaturas. Finalmente, meses después y a requerimiento del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, SEMAR reconoció 224 embarcaciones de base.
Según la hipótesis planteada por la Asociación de Usuarios del Puerto de Ibiza, el elevado importe del canon ofertado a la APB, superior a los 5,4 millones de euros, era difícilmente compatible «con la ocupación preferente y mucho más barata de los amarres» por parte de los numerosos antiguos usuarios del puerto. Asimismo, aseguraban que la antigua y la nueva concesionaria habían alcanzado un acuerdo para perjudicar a los antiguos amarristas.
Documentación falsa
Al parecer, en un determinado momento SEMAR «se plegó a absorber todo el antiguo personal de Ibiza Nueva S.A», con lo que esta empresa se veía liberada de sus compromisos con los trabajadores. A cambio, según la versión de los usuarios del puerto, la concesionaria saliente facilitó un listado de embarcaciones «falso, haciendo constar entradas y salidas de las embarcaciones absolutamente irreales».
Tanto es así que hasta el Apoderado de Ibiza Nueva, en declaración judicial, «negó con contumacia la existencia de embarcaciones de base» pese a la existencia de diferente documentación de la empresa concesionaria que decía lo contrario, incluidas cartas a los amarristas en las que se les informaba de que, al ser usuarios de amarres por más de seis meses, serían incluidos en el listado de embarcaciones base.
Esto concuerda a su vez con la declaración de altos cargos de la Autoridad Portuaria, que reconocían la existencia en este puerto deportivo de embarcaciones de base.
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