Estas obras consistían, entre otras, en la conversión de la piscina en habitaciones para destinarlas a uso residencial, tal y como detectaron los agentes de la Policía Local en una inspección realizada raíz de la denuncia recibida por las obras en el edificio.
La Junta de Gobierno de Sant Josep ha ratificado la propuesta de resolución de los servicios jurídicos municipales, que entre otras cosas advierte al promotor que si incumple la orden de restauración de la legalidad urbanística infringida se arriesga a la imposición de hasta 12 sanciones coercitivas por importe del 10% del valor de las obras realizadas y de un mínimo de 600 euros cada una mientras persistan las irregularidades.
Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad, se abrirá ahora otro de carácter sancionador contra el promotor de estas obras ilegales, que están consideradas como una infracción grave.
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