«Lo que no es aceptable es que, aquí en las Pitiusas, se llegue a los tres años para la tramitación de una licencia. Vivimos una situación desesperante y los colegiados me transmiten su malestar y la incomodidad que les supone. Necesitamos actuar para paliar una situación que está cronificada». Así se expresó el presidente de la demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos de Baleares, Iván Torres, respecto a la situación de los trámites administrativos en materia de construcción en el archipiélago, motivo por el que considera «positivo» el proyecto de crear un reglamento de agilización administrativa para la isla.
Respecto a las propuestas que se han podido conocer del borrador que elabora el Consell de Ibiza, subrayó la importancia de la supresión de facto de las cédulas de primera ocupación. «Desde hace mucho tiempo decimos que es una duplicidad tener que gestionar el trámite de primera ocupación por parte de un Ayuntamiento y que luego se tenga que ir al Consell a obtener la cédula de habitabilidad. Que el Ayuntamiento en un único trámite pueda solucionar esta cuestión creemos que es correcto».
En cuanto a la idea de ampliar los tipos de obras que se pueden iniciar mediante una comunicación previa, Torres quiso subrayar, sin «entrar en partidismos», que la administración en general debe entender que hay que poner sobre la mesa cuál es el problema y buscar cómo se puede resolver».
Recordó que la Ley 2/2020 ya habla de la tramitación de licencias mediante comunicación previa de aquellas construcciones en las cuales no se haga ampliación de volumen, edificabilidad y ocupación en suelo urbano. «Si el Consell quiere darle una vuelta para conseguir que esto sea efectivo y que se obtengan licencias en un plazo todavía menor, es una propuesta a la que damos la bienvenida. Cualquier cosa que sirva para agilizar o quitarle cargas a la administración, que ya tiene muchísimas dificultades en cumplir plazos, estaremos dispuestos a comentarla, hablarla y buscar las soluciones oportunas».
Por otra parte, destacó la importancia que podría tener esta agilización administrativa para favorecer la recuperación económica de la isla. «Estamos llegando a un punto en que dejamos de ser competitivos respecto a otros lugares del Mediterraneo. Cuando se le dice a un inversor que la licencia de un proyecto puede tardar entre dos y tres años, no está dispuesto a paralizar su dinero durante tanto tiempo y busca otros lugares». señaló.
Subrayó que, en cualquier caso, este reglamento deberá cumplir estrictamente con la legalidad, de modo que se garantice a los promotores una seguridad jurídica. Teniendo esto en cuenta, indicó que era necesario explorar todas las opciones posibles.
Puso además sobre la mesa los peligros del intrusismo en esta materia. «Esto no tiene que servir para que de repente ahora cualquier persona que no tengas las competencias pueda hacer estos trabajos saltándose controles. Se tiene que respetar la legalidad, las cosas se tienen que hacer correctamente y pediremos las garantías a este respecto».
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