Concluye el apuntalamiento de la escalera 1 de los apartamentos Don Pepe

Según parece, el propietario, que tenía el apartamento como segunda vivienda, no entregó la llave para llevar a cabo las labores de apuntalamiento. Es por ello que desde el Consistorio se solicitó mediante resolución judicial el acceso a la vivienda. La decisión favorable a la pretensión del Consistorio fue dictada hace algunos días y en la jornada de ayer se procedió a los trabajos.

Con ello concluyó un procedimiento que tenía que haberse llevado a cabo en junio del año pasado.

Desde la comunidad de vecinos indicaron que el procedimiento había sido, exclusivamente, entre el particular y el Consistorio.

Por otra parte, sigue pendiente de resolución judicial la petición del Ayuntamiento de acceder a las viviendas de la escalera 2, desalojada a finales de junio de 2020. Todos los vecinos de la escalera se negaron a entregar sus llaves.

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Desde el Ayuntamiento se considera necesario actuar también en esta parte del edificio por «riesgo inminente» de la estructura, sin embargo la comunidad de vecinos indica que se personará en este procedimiento, dado que valoran que no existe este peligro y no es necesario apuntalar.

Recuerdan que, por parte de la comunidad de vecinos, se presentó una nota técnica ante el Ayuntamiento mediante la que se justificaba que no es necesario el apuntalamiento de estas viviendas a la que el Consistorio no respondió.

Posteriormente fue presentado un informe técnico en el que se hacían notar las deficiencias del edificio pero se concluía que eran reparables y que no era necesario el apuntalamiento.

El Consistorio también encargó un informe técnico que concluía que existían deficiencias en la estructura debido a diversas patologías que suponían un riesgo para el edificio de no tomar medidas.

Deberá ser el juez el que determine si se permite, o no, el acceso a las viviendas.

También sigue pendiente de resolución el recurso planteado por el Ayuntamiento contra las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que obligaban al Consistorio a dar una solución habitacional a los vecinos desalojados de los apartamentos Don Pepe