El diputado de Ciudadanos Maxo Benalal, ayer, en el Parlament.

Falta de atención, de apoyo y desamparo. Es la situación en la que aseguran sentirse una docena de familias de las Pitiusas con hijos que son presuntas víctimas de abusos sexuales, familias que no son atendidas por la Unidad de Tratamiento de Abusos Sexuales Infantiles (UTASI) del Govern balear por la falta de un «informe de credibilidad», un requisito que el Govern sostiene que es necesario para acogerse a este servicio creado en 2011. Esta exigencia no consta en la norma de creación del servicio, según remarcó ayer el diputado de Ciudadanos Maxo Benalal. El problema afecta únicamente a las Pitiusas, ya que el informe de credibilidad lo debería realizar la Unidad de Valoración de Abusos Sexuales Infantiles (UVAFI), una unidad presente en el Consell Mallorca, mientras que en Ibiza y Formentera los informes venían siendo realizados por la clínica forense. Fuentes del Consell remarcaron que se está trabajando «intensamente» para subsanar una carencia de años que acaba afectando a los menores y sus familias.

«Es un problema del Govern balear que debe poner los medios necesarios para prestar atención a estas familias y no escudarse en el Consell o en la Forensía. La ley no dice que se necesite ese informe y en última instancia estamos hablando de un organismo del Govern, que es el que está dejando en la cuneta a niños y esto no se puede hacer. Hay prioridades y el interés de unos menores debería ser la máxima prioridad», remarcó Maxo Benalal a Periódico de Ibiza y Formentera.

El problema en Ibiza vendría dado por la ausencia de la UVAFI. «El Govern es el que debe poner los medios y no puede pensar en costes cuando hay un daño colateral para un grupo de menores», insistió el parlamentario de Ciudadanos.

Crear una UVAFI

Desde el Consell, indicaron que la UTASI del Govern balear «no acepta como válidos» los informes que realiza el Servicio de Menores del Consell d’Eivissa. Añadieron que la Unidad de Tratamiento exige que sean informes elaborados por la Forensía de los Juzgados de Ibiza.

Asimismo, subrayaron que desde hace meses se está «trabajando intensamente» para poner en marcha una unidad de valoración.

Por su parte, fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que el técnico forense debe realizar informes cuando así se lo pida el juez. «Una cosa es una denuncia por abusos sexuales y otra cosa es un tratamiento psicológico», añadieron.

La situación de estas familias se ha agravado en los últimos meses por las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19, el teletrabajo y el volumen de trabajo de los técnicos.

«Se trata de un organismo creado por el Govern y no tiene excusas: deben poner los medios. Están gobernando aquí y también en Madrid», indicó Benalal.

Parlament

La cuestón fue tratada ayer en la sesión plenaria del Parlament. La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, argumentó que desde 2007 y desde Ibiza han llegado ocho casos a la Unidad de Tratamiento de Abusos Sexuales Infantiles y, del total, cinco casos han tenido que ser descartados por no contar con un informe de credibilidad, ni con otro de protección.

La consellera apuntó que siguen en conversaciones con el Consell d’Eivissa para que un psicólogo se forme en este tipo de valoraciones.

Santiago argumentó que en la legislatura 2007-2011 se creó la UTASI con dos premisas claras, una de ellas un informe reconociendo que la familia de la menor es protectora.
Añadió que en Ibiza no se realizan estos informes por parte de la clínica forense o del Consell. Asimismo, Santiago advirtió de los efectos psicológicos que puede provocar entre los menores una mala valoración de la protección de la familia, algo que se ha producido en cinco casos.

Por su parte, Maxo Benalal replicó que las familias afectadas han denunciado la «falta de coordinación» de los servicios que intervienen en estos casos, así como la «desinformación y desamparo» que pueden llegar a sufrir. «En Ibiza hay 10 o 12 madres que sólo piden que contacten con ellas, aunque sea para ofrecerles apoyo moral», insistió. El diputado lamentó el retraso de «muchos meses» que en Ibiza registran los informes que deben emitirse a la hora de actuar en estos casos.

Benalal destacó que la Fiscalía de Ibiza considera que «no es necesario el informe de credibilidad para que los menores reciban atención psicológica, ya que, además, este tipo de pruebas no se solicitan en todos los casos». «Cito de forma textual lo que dice la Fiscalía: ‘lo pedimos cuando es necesario. Por ejemplo, si hay testigos de la agresión sexual o restos de semen no hace falta ningún informe; no voy a hacer que a la niña le hagan este informe si tengo pruebas porque, en ese caso, estaríamos cuestionando su credibilidad», apostilló.