El Consell de Ibiza defiende a las familias de un edificio de Cala de Bou

La directora insular de Intrusismo y Territorio, Naihara Cardona, remitió ayer un burofax a cada entidad para exponerle este acuerdo y pedirlos que esclarezcan quién es el responsable de estas viviendas para mantener una reunión y establecer «una colaboración fluida ante una situación extraordinaria, para acercar posturas y negociar nuevos contratos para que las familias puedan permanecer un tiempo más en sus hogares, disfrutando de una tranquilidad muy necesaria en estos momentos».

Ante este escrito, la Oficina ha recibido una primera respuesta en la que se esclarece el estado de algunos de los propietarios, que se tratará de manera individualizada, y sobre todo, de que se dejará de enviar comunicaciones a aquellos vecinos que tienen contrato con vigor y, por lo tanto, no tienen porque marchar si ellos no vuelan.

Desde la Oficina de Lucha contra el Intrusismo se recuerda que, a pesar de no ser competente en materia de Vivienda, siendo esta una competencia del Gobierno de las Islas Baleares, el Consell de Ibiza fue la primera administración que se reunió con los vecinos, que recogió toda la documentación y que empezó a establecer contactos con las entidades bancarias para tratar este asunto. Concretamente a una reunión que tuvo lugar el 7 de octubre en la sede del Consell d'Eivissa. Una vez hecha esta reunión, se informó en el Ayuntamiento de Sant Josep de cuál es la situación de estos vesins, el pasado 15 de octubre, en una reunión en que participó Cardona y la concejala Guadalupe Nauda. Posteriormente, se han dado varios encuentros con entidades bancarias para mirar de resolver quién es el responsable de estos hogares para establecer un acuerdo de renovación de contratos, asunto que ayer se pidió que se resolviera inmediatamente vía burofax.

El conseller de Gestión de Territorio, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, recordó «el compromiso de este equipo de gobierno con los vecinos afectados por este episodio, y cualquiera en que una entidad bancaria quiera ejecutar un desahucio o echar a familias de sus hogares, más en los momentos en que vivimos, marcados por la crisis sanitaria, social y económica de la Covid-19». Señaló que el Consell «se preocupa y se ocupa, con trabajo, reuniones, buscando respuestas legales y haciendo un trabajo que, aunque silencioso, es la única vía que tiene ahora mismo el Consell».