Rechazo unánime de los alcaldes ibicencos al plan del Gobierno para gestionar el remanente

La idea no convence. De hecho la rechazan todos los alcaldes de Ibiza, independientemente de su color político, que exigen que los ayuntamiento sean los que administren el dinero que han recaudado de sus ciudadanos.

Socialistas
El alcalde de Sant Josep y vicepresidente primero de la Federación de Entidades Locales de Balears (Felib), Josep Marí Ribas, recordó que siempre se ha manifestado «alto y claro» a favor de la libre disponibilidad del superávit de los ayuntamientos que están saneados. «Esta formula planteada ahora, de entregarle este dinero al Gobierno para que luego nos lo devuelva, no la entendemos y no nos convence», indicó.

A pesar de ello señaló que «es positivo» que se empiece a hablar de buscar una fórmula para que se pueda gastar este dinero «que es de los ciudadanos».

Recordó que el PSOE no estuvo de acuerdo en su momento con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que condiciona el uso de estos ingresos y ha llevado a la situación actual.
El alcalde de Vila, Rafael Ruiz, quiso ser prudente porque las negociaciones todavía están en marcha, pero se mostró crítico con aquellas medidas que supongan un ataque a la autonomía local. «No necesitamos tutelas ni corsés que limiten la acción de la administración local, que es la más cercana a la ciudadanía», manifestó.

Ruiz también señaló a la Ley de Estabilidad Presupuestaria como origen de este problema y confió en que los integrantes de la ejecutiva de la FEMP alcancen un acuerdo favorable para poder usar estos ingresos en aquellas necesidades que ahora mismo urgen a la ciudadanía.

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Más crítico se mostró el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, que indicó que si era cierta la propuesta le parecía «una vergüenza» y «una injusticia», «sobre todo porque los socialistas siempre habían sido críticos con la Ley Montoro». Una ley que recordó que puso freno a un exceso de endeudamiento en las administraciones locales que había llegado a ser un problema.

«Los ahorros que se han obtenido como consecuencia de esta ley son de la gente de Sant Joan, por lo que el Ayuntamiento debería poder usar este dinero en beneficio de los vecinos de Sant Joan», exigió. Consideró que no es de recibo que, después de imponer unas exigencias a las administraciones locales que no se aplicaron al Estado ni a las Comunidades Autónomas «que han seguido gastando con libertad», ahora sean los municipios los que tengan que «pagar los platos rotos».

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, calificó de «inaudita» e «inaceptable» la propuesta del Gobierno que implicaría quedarse con la liquidez de los ayuntamientos y decidir cuándo la devuelve y en qué se podrá gastar. «Toda España, a través de la FEMP, ha reclamado disponer de estos remanentes y el momento de liberar su uso es ahora», reivindicó, al tiempo que señalaba que cada ayuntamiento tiene unas necesidades propias, por lo que no debería establecerse limitaciones a su uso.

Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni, también se mostró «absolutamente en contra» de que la liberación de los remanente se haga del modo que propone el Gobierno.

«Estos ingresos son de los vecinos de los municipios, por lo que creo que la única fórmula correcta es su liberación, sino total, como mínimo de buena parte de ellos. Pero sin condicionantes». Por otra parte recordó que la crisis sanitaria había obligado a los ayuntamientos a establecer fórmulas que aligeren la carga fiscal a los ciudadanos y supongan no obtener ciertos ingresos, otro motivo que añadió a la oportunidad de liberar este remanente.