El promotor de los pisos colmena mantiene su «pulso» con las administraciones

Según Olivé, la forma de proceder desafiante de Haibu obedece a la negativa de los ayuntamientos a autorizar la implantación de sus «viviendas».

Según Olivé, Haibu no teme al cierre de algunas colmenas, pues lo único que sucede es que «cuando les encuentran alguna casa, les dan dos o tres meses para pararla y desmontarla», lo que para ellos no es más que «un cortar y pegar e ir a otro emplazamiento; y ya está, tan amigos». «Es un pulso a todos los políticos de España, por supuestísimo, porque no quieren sentarse a hablar con nosotros». Y añade: «Que se sienten delante de un juez y entonces aprovecharemos para hablar del tema».

También apuntó el promotor que «los inquilinos, obviamente, son los primeros interesados en que no se conozca la localización de los pisos, pues son los primeros afectados» por la falta de vivienda.

Los pisos son habitáculos individuales de 1,2 metros de altura y una extensión de 2,2 metros por 1,2 metros con un coste de 215 euros, aunque hay unos más grandes, con 2,5 metros de altura, y otros en los que caben dos camas o una cama y una cuna, por 315 euros al mes. Estos espacios se apilan unos encima de otros junto a los espacios comunes.

Ante la inminente llegada de estos pisos colmena a Ibiza, el Ayuntamiento de Santa Eulària reiteró ayer que «no les consta» ninguna petición para instalar estos habitáculos en el municipio. La concejal de Actividades y Disciplina Urbanística, Cristina Tur, afirmó que estarán «muy atentos» tras conocer que algunas de estas viviendas podrían instalarse en zonas del municipio como Cala Llonga. «A priori, y a falta de un conocimiento directo de las instalaciones, no parece que las viviendas puedan cumplir con los requisitos legales que precisa un alojamiento», por lo que el Ayuntamiento será «contundente» a la hora de hacer cumplir las normas, reiteró Tur.

Desde el Consell d'Eivissa afirmaron ayer que la «falta de información» relativa a la posible creación de las casas colmena les impide, por ahora, valorar el tema, aunque precisaron que la institución insular no tendría competencias al respecto en caso de que los alojamientos se instalaran en terrenos urbanos.