Los municipios de Ibiza tramitaron casi 300 procedimientos de disciplina urbanística en 2019

Casos sonados, como el de la construcción sin licencia de un supuesto hotel rural en Sant Jordi, denunciado cuando prácticamente estaba finalizado, llevan a muchos ciudadanos a echarse las manos a la cabeza. ¿Por qué se tarda tanto a veces en localizar estas irregularidades?

Desde los departamentos de disciplina urbanística de los municipios señalan la dificultad que supone la dispersión de las construcciones para el control de irregularidades. Por ese motivo indican que muchas veces la Policía Local o los propios ciudadanos se convierten en los mejores vigilantes de la legalidad. La denuncia ciudadana es en muchas ocasiones la chispa que pone en marcha el motor (más lento de lo deseable para muchos) de la administración. Las construcciones ilegales pueden acarrear una sanción del 50% al 300% del valor de las obras.

En 2019 los ayuntamientos instruyeron casi 300 procedimientos por infracciones de urbanismo en la isla. De ellos algo más de un centenar acabaron en expediente sancionador o de restablecimiento de la legalidad y la realidad física alterada.

Las cifras aproximativas se deben a que no todos los municipios dieron los datos concretos del año pasado.

Santa Eulària
Santa Eulària es el municipio con más procedimientos incoados, en total fueron 110. De ellos, 87 se quedaron en la fase de diligencias previas por infracción urbanística que implicaron órdenes de suspensión de obra y suspensión de usos. Según explica el Ayuntamiento «en la mayoría de estos casos se procedió a la presentación de proyectos de legalización o al restablecimiento, previo requerimiento municipal, de la realidad física alterada».

Por otra parte se tramitaron 22 expedientes sancionadores por infracción urbanística y de restablecimiento de la legalidad y la realidad física alterada. Se trata de dos procedimientos que se pueden tramitar por vía separada, pero desde el Consistorio informaron de que se habían llevado a cabo expedientes duales. La Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB) permite esta intrucción conjunta, lo que permite economizar el procedimiento y llevar a cabo una instrucción más coordinada. Por otra parte se ha incoado un expediente de restablecimiento de la realidad física alterada.

En 2019 el municipio también intruyó 11 expedientes de órdenes de ejecución. Es decir, escritos que obligan a la ejecución de obras de mejora, reparación o desinstalación de elementos.

El Ayuntamiento ingresó 101.561,09 euros en 2019 por finalización de expedientes sancionadores en materia urbanística tanto del año pasado como de anteriores.

Eivissa
En Vila, dado que se trata de un municipio eminentemente urbano, la mayoría de las infracciones detectadas corresponden a pisos. Entre las obras ilegales más comunes indican que están: el cierre de balcones o terrazas, la ampliación de casetas de azoteas, las reformas de pisos sin licencia o la instalación fija de casetas prefabricadas.

En total el municipio registró 56 expedientes por infracciones urbanísticas.

Dentro de estos, cuatro fueron por ilegalidades en suelo rústico, dos de ellos están en trámite en el Consell d'Eivissa, otro está en tramitación y el cuarto pendiente de envío a la institución insular. Los cuatro tienen que ver con infracciones por obras sin licencia de cerramiento, sustitución de cubiertas y reformas.

Sant Antoni
Sant Antoni dio los datos relativos a esta legislatura. Así, desde junio de 2019, el Consistorio ha resuelto 12 expedientes de restablecimiento de la legalidad y la realidad física alterada.

En la actualidad el departamento de disciplina urbanística tiene en fase de tramitación 40 expedientes de restablecimiento, de los que 11 está referidos a la instalación supuestamente irregular de vallas publicitarias.

De entre todos estos expedientes indican que el departamento no ha iniciado ningún expediente sancionador.

Su plantilla de urbanismo está compuesta por 9 personas de personal del Ayuntamiento y otras 5 personas de personal externo.

Sant Josep
El Ayuntamiento de Sant Josep tramitó en 2019 un total de 64 diligencias previas, de las que 19 acabaron en expedientes de disciplina urbanística. De ellos 16 han llegado a la fase de propuesta de expediente de disciplina urbanística con sanción.

Si se sancionase económicamente conforme a la propuesta planteada por el departamento, el total ascendería a más de 4 millones de euros.

Una cantidad que no es definitiva. Durante el procedimiento, dado que la normativa urbanística es muy garantista, se puede llegar a subsanar alguno de los defectos con una propuesta de legalización que supusiera una rebaja o por allanamiento los infractores se pueden beneficiar de una bonificación.

Sant Joan
El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja dio los datos conjuntos de los años 2016 a 2019. Según consta en el departamento de disciplina urbanística del municipio, se incoaron 101 expedientes por infracciones urbanísticas en el municipio.

Respecto al montante total de las sanciones tramitadas por parte del Consistorio ascendería a alrededor de 750.000 euros. El Ayuntamiento puntualizó que esta cantidad podía «oscilar» debido a los condicionantes del procedimiento que establece la ley.

EL APUNTE

Un organismo mancomunado

Frente a la complejidad de un territorio con construcciones tan dispersas como el ibicenco, la asociación ecologista GEN-GOB plantea la creación de una Agencia del Territorio que dependa del Consell d'Eivissa. Un organismo supramunicipal en el que se centralice la disciplina urbanística mediante la mancomunidad de los Ayuntamentos. Según el presidente de GEN-GOB, Joan Carles Palerm, en Mallorca, la agencia del territorio es «muy útil porque no depende de la misma administración que tiene que conceder o ha concedido la licencia y es más fácil que te sancione un organismo superior al que no puedes acceder o influir».