La primera teniente de alcalde, Elena López, defendió que entre las responsabilidades de un alcalde no está la de «hacer seguimiento de sus exconcejales», por lo que consideró que el equipo de gobierno no tenía por qué dar más explicación que la relación de los hechos. | Daniel Espinosa

El exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vila, Alfonso Molina, «ha sido contratado de forma puntual» por la mercantil Citelum Ibérica «como consultor externo para la mejora organizacional de la compañía en España». Esa es la información que da la empresa que ostenta la contrata del alumbrado público en Ibiza sobre su relación con Molina, que leyó durante el pleno municipal la portavoz del equipo de gobierno y primera teniente de alcalde, Elena López.

Según el escrito de la empresa, Molina habría «participado en un proyecto de mejora del sistema de gestión interna orientado a la optimización de costes y al desarrollo de otras oportunidades de negocio». La empresa apostillaba el texto valorando que «la actuación escrita se adapta plenamente a la legalidad».

Además, indicaba que no existe relación laboral con Alfonso Molina y que no ostenta cargos de responsabilidad en la contrata con el Ayuntamiento de Ibiza.

Las explicaciones las dio el equipo de gobierno de Vila frente a una moción de control del grupo Popular, en la que preguntaba sobre la contratación del exedil por una empresa concesionaria del municipio.

«¿No le causa perplejidad que quien fue su mano derecha haya sido contratado por una contratista municipal con la que ha mantenido relación directa? ¿No le produce inquietud?» interpeló el concejal del PP, Jacobo Varela, al alcalde.

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Desde la bancada popular se criticó que se trataba de un tema ético, aunque también mencionaron la posibilidad de que hubiera una incompatibilidad legal. Recordó que Molina había participado en la resolución extrajudicial de varios procedimientos contencioso-administrativos entre Citelum y el Ayuntamiento de Ibiza por el que el consistorio ibicenco abonó 2,8 millones de euros frente a la reclamación de la empresa de 4,6 millones de euros.

«Asuma sus responsabilidades por un comportamiento connivente», exigió Varela, «es mejor que tenga un poco de dignidad y se marche».

López acusó al PP de tener «una obsesión enfermiza» hacia Molina e indicó que desde el gobierno municipal tienen la conciencia «bien tranquila».

Puertas giratorias

Roberto Algaba, concejal por Ciudadanos, tomó la palabra en el segundo turno para echarle en cara a Podem que no dijera nada frente a un caso evidente de «puerta giratoria», aunque fuera legal. «Sé que les dirán a sus votantes que propusieron una ley que no se aprobó, pero la ética está por encima de la ley».

Respondió Aitor Morrás, portavoz del grupo Podem, que enumeró una serie de ex altos cargos políticos que han ejercido como asesores en empresas. «Siempre hemos dicho que estamos en contra de las puertas giratorias y lo seguiremos estando», indicó ya fuera de tiempo y con el alcalde llamándole la atención.