En un escrito presentado por el colectivo de asociaciones en el mes de octubre ante el Consell, al que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera, Discared presenta el gasto en el que han incurrido las entidades al mantener abiertos los servicios cuya puesta en marcha autorizó el propio Consell.
El escrito de solicitud desglosa las cantidades pendientes de pago a cada entidad. A esos gastos indican que se han descontado los ingresos obtenidos a través de convenios, subvenciones y cuotas de familias.
Recuerdan que las cifras recogen el «gasto ya ejecutado» que hace referencia a «la atención de los usuarios en los servicios esenciales». Por otra parte, el documento hace hincapié en que es «obligación» del Consell ofrecer estos servicios conforme a la legalidad vigente e insiste en reclamar los conciertos sociales como herramienta para su cobertura.
Apuntan como solución «que se articule una subvención o se formalicen convenios de colaboración directos con las entidades de discapacidad». Recuerdan que estas medidas están recogidas en la Ley 12/2018 de Servicios a las Personas en el Ámbito Social para «garantizar mediante un instrumento jurídico ágil los derechos de las personas a través de las entidades que los representan».
Tres años de reuniones
Discared recuerda en su escrito que la exconsellera de Benestar Social, Lydia Jurado, informó en 2016 a las entidades de que se iban a poner en marcha «con carácter inmediato» los conciertos sociales para la discapacidad.
A raíz de ese anuncio, Discared determinó las necesidades de plazas concertadas en la isla. Con esta información el Consell presupuestó 1.494.945 en 2017 para financiar los conciertos. Las entidades fueron informadas por parte del Consell de la existencia de esta partida e iniciaron la creación de los servicios para lo que incurrieron en gastos extraordinarios para contar con las instalaciones y el personal necesarios. Asimismo contrataron servicios de auditorías con el objetivo de poder concertar con la Administración.
Para poder llevar a cabo la concertación es necesario que los centros estén autorizados y en funcionamiento. «Debíamos cumplir con los requisitos espaciales, materiales, documentales y de personal que nos marcaba la normativa, lo que generó un coste añadido a la situación de precariedad en la que ya nos encontrábamos», indica el colectivo.
Las entidades manifiestan su hastío tras tres años de «reuniones técnicas y políticas para avanzar en la concertación social», encuentros tras los que siempre han recibido la misma respuesta: «Estamos en ello».
8 comentarios
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A) Consellería de Servicios Sociales del Consell de Ibiza con un presupuesto de más de 20 millones de euros. B) Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears. C) Y estamos con que si no se pagan los servicios prestados hasta ahora y acumulando más deuda... Quién quiera lo puede entender...
Dirán que la culpa es del PP,,,,??? ah no !! que el PP no gobernaba en esas fechas...
LO TENÉIS CLARO, no van a soltar un duro.
Antes de criticar y comentar, se debe mirar si esta deuda la ha creado el actual gobierno o ya viene del anterior gobierno los que se llenaban la boca que iban a cambiar las cosas y lo primero que hacían era subirse el sueldo y tienden a dejar muchos puños por el camino. Yo siempre lo digo porque si uno es de Ibiza conocerá a muchos concejaluchos sin estudios ni formación que están administrando una partida presupuestario y no tienen la formación pertinente y luego pasa lo que está pasando ahora.
La culpa es de los otros. Los otros, no somos nosotros. Los otros fueron los de antes, incluso los de ahora. Pero se subieron los sueldazos. Colocaron y nombraron tantos cargos como voluntad tuvieron, cómo los de antes. Expoliadores!!
Poner trabas a los servicios sociales o dar pábulo mediático por puro interés político, es vergonzoso
La cruzada personal de ese secretario general de esa institución pública contra los servicios sociales de Ibiza sigue y seguirá
VERGONZOSO