El concejal indicó que el expediente se encuentra en un estadio de diligencias previas y que, si pertoca, se iniciará el expediente de disciplina urbanística. «Es un caso mediático y grande, pero tenemos que respetar los tiempos legales», indicó.
En sintonía con el conseller de Territori de Ibiza, Mariano Juan, que el pasado miércoles quiso manifestar su respeto a las competencias en urbanismo, Guerrero también señaló que no se quiere entrar «en ningún tipo de polémica con el Consell Insular» y respaldó las palabras del conseller en cuanto a que «lo más importante es que estas obras estén paradas y se restablezca la legalidad»
Por otra parte, también explicó que si no se solicitó por parte del Consistorio una suspensión de las obras fue «porque en el momento en el que se hizo la visita conjunta las obras estaban totalmente paradas». «De hecho, ya estaban acabadas», agregó.
Una situación que constató el celador municipal en la inspección posterior para medir los volúmenes de las construcciones hechas en la propiedad. «Si hubiese habido obras, sí que hubiésemos hecho este decreto», puntualizó.
Si bien no puso ningún pero a la decisión del Consell de decretar la suspensión de las obras, sí criticó el hecho de haberse enterado «por la prensa de este decreto de suspensión. Creo, incluso, que la prensa lo publica antes de que se notificara a la propiedad».
Proceso de legalización
Los servicios técnicos acabarán esta semana de estudiar los expedientes de legalización, segregación y demolición que la propiedad presentó para regularizar la situación de las obras, según estimó el concejal de Urbanismo.
Si bien apuntó que los técnicos serán los que determinen si existe posibilidad de regularizar las obras o no, valoró que «seguramente las obras no sean legalizables».
Conforme a la Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB), las personas responsables de actos ilegales deben reponer la realidad física alterada o instar a su legalización en el plazo de dos meses.
Dado que la propiedad solicitó regularizar las obras, conforme a la LUIB se suspende el expediente de infracción urbanística hasta que se resuelva esta solicitud.
En caso de que se denegase la legalización, los técnicos retomarán el expediente disciplinario que deberá llevar al restablecimiento de la situación de los terrenos a través de la demolición o reconstrucción de las obras que constituyan una infracción. Serán los técnicos los que determinen qué medidas se deben tomar y las posibles sanciones, si pertocaran.
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