El Consell quiere destinar el remanente a los ayuntamientos para mejorar la red de agua

El objetivo prioritario, dijo, es que se puedan acometer obras que permitan ahorrar agua al tratarse de uno de los principales problemas que sufre la isla.

En este sentido, cabe recordar que las instituciones que tienen superávit en sus cuentas pueden invertir ese remanente en lo que se conoce como inversiones financieramente sostenibles. «Por ley no se puede gastar en inversiones libremente por parte del Consell, sino que es para inversiones relacionadas con la eficiencia energética, hidráulica, etc», matizó Juan.

Asimismo, estas inversiones deben contemplarse a largo plazo y están sujetas a un control presupuestario que garantice que son sostenibles financieramente para la entidad, en este caso para la máxima institución insular.

E10 y PTI
Por otra parte, el conseller de Infraestructuras indicó que, por ejemplo, la reforma del primer cinturón de Vila (E10) no podría incluirse en este tipo de inversiones. También aprovechó para explicar que, aunque aceptan la decisión del alcalde de la ciudad para no financiar la obra con la Ley de Capitalidad, «si hubiera aceptado, se habría solucionado el tema del concurso, adjudicar la obra...».

Para Juan, «el Ayuntamiento, muy legítimamente, ha dicho que no y, por eso, el Consell propuso como segunda opción lo que el alcalde pedía: un aparcamiento en sa Joveria», reiteró.

A su vez, insistió en que se trata de una reforma que ascendería a los nueve millones de euros, por lo que desde el Consell se entiende que «hay que buscar una fuente de financiación extraordinaria».

La institución sigue trabajando en la modificación del proyecto para adecuarlo a las condiciones técnicas y «esperamos que se reconsidere, ahora o en el futuro, y poder financiar esta obra con la Ley de Capitalidad para poder ejecutarlo de una vez», zanjó.

El conseller también habló del Plan Territorial Insular (PTI) que, al ser «muy técnico y extenso», aún está en fase de estudio. «No vamos a hacer una revisión dogmática o ideológica. Lo vamos a analizar de manera científica; queremos saber qué ha funcionado y qué no y, cuando tengamos ese diagnóstico, consensuaremos con propietarios de fincas rústicas, asociaciones y ayuntamientos una revisión», concluyó.