Sobre el posible nuevo emplazamiento de la Clínica Médico Legal, indicaron que este podría ser la primera planta, espacio donde Justicia ha dispuesto inicialmente varias estancias para la Audiencia Provincial, un órgano que hasta la fecha se desplaza a la isla una docena de veces al año. El traslado a la planta baja se ve menos factible, ya que ahí están proyectadas hasta ocho salas de vistas.
A la espera de estas soluciones, los trabajadores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses solicitarán al Ministerio de Justicia que el compromiso verbal de traslado a una nueva ubicación se plasme en un documento. «Dada la actual situación, nosotros trataremos el asunto directamente con Justicia y necesitamos un documento escrito para tener garantías», señalaron desde el departamento forense.
El lunes, el colectivo realizó una nueva concentración protesta en la que informaron sobre el compromiso de Justicia de atender sus reclamaciones. Horas después, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears indicaba que el presidente del TSJIB, Antonio Terrasa, había obtenido un compromiso para sacar a la forensía de los sótanos durante la segunda fase de construcción del edificio.
La falta de concreción de fechas –la segunda fase no está ni presupuestada y puede demorarse más de tres años– motivó más críticas e inquietud y ayer se dio un paso más que confirmó la secretaria coordinadora del TSJIB para Menorca y las Pitiusas, Josefa Juan, quien recordó que en breve se trasladará a Ibiza un arquitecto del Ministerio para valorar las posibles soluciones.
El personal de la Clínica Médico Legal recalcó ayer que sus reclamaciones no son de ahora, sino que se remontan a los inicios del proyecto. «Entonces ya advertimos que el sótano no era el lugar para la Forensía. A eso se suma los problemas sobrevenidos de filtraciones, humedades o falta de intimidad en las salas destinadas a tratar a las víctimas».
Los forenses subrayaron que están tratando los casos urgentes y de guardia, pero reclaman soluciones urgentes porque, según remarcaron, «por encima de todo están las víctimas, especialmente los menores que no deben verse afectados por un problema de improvisación».
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