El Consell d'Eivissa rechazó ayer, con los votos en contra del PP y Ciudadanos, instar al Ayuntamiento de Santa Eulària a solicitar a la Comisión balear de Medio Ambiente la emisión de informes separados de cada uno de los 12 puntos urbanísticos de la modificación puntual número 10 de las Normas Subsidiarias.
Se trata de una moción presentada por Unidas Podemos que, según explicó su portavoz Viviana de Sans, lo que pretendía era «agilizar» la cesión de un solar para la construcción del nuevo colegio. «No hay escuela porque el conjunto de modificaciones que aporta el Ayuntamiento no obtiene ni obtendrá un informe favorable si no se modifican los trámites que pide la Comisión balear de Medio Ambiente», criticó.
En esta línea, recordó que el Ayuntamiento tuvo que presentar un estudio ambiental que «tenía mucho más de estratégico que de medioambiental». Según reiteró De Sans, el hecho de poder separar cada una de estas 12 modificaciones permitiría informar «rápidamente y de forma favorable» la modificación concreta que atañe al solar de la escuela.
Sin embargo, Mariano Juan, conseller de Urbanismo y Territorio, negó esta afirmación al decir que, de ser así, se tendrían que hacer 12 aprobaciones iniciales, 12 exposiciones al público, 12 evaluaciones ambientales y pedir 12 informes a diferentes administraciones. «No es cierto que trocear la modificación aceleraría los trámites. Sí es cierto que se podría acelerar si la Comisión balear de Medio Ambiente trocea su informe», puntualizó.
Asimismo, el conseller recalcó que este asunto es competencia del Ayuntamiento de Santa Eulària y de la Comisión, no del Consell Insular. «Nosotros solo intervenimos cuando se hace un informe de legalidad al final, pero no en cómo se tramita», remarcó. Aún así, precisó que esta situación se «desencallará» con rapidez.
Para Juan, todavía hay quien no sabe el papel institucional del Consell y «algunos se piensan que es el papá de los ayuntamientos y el Consell tiene que ser el hermano mayor».
Al hilo de esta afirmación, recordó que no solo apoyan a Santa Eulària, sino a todos los ayuntamientos de la isla porque «hay algunos que tienen problemas más grandes que esta modificación puntual que solo afecta a la edificabilidad de dos solares», subrayó; dos solares en los que se ha previsto la construcción de un nuevo centro educativo para bajar los ratios de alumnos, una estación de autobuses, un local social para gente mayor y un aparcamiento subterráneo de 126 plazas públicas «sin consumir ni un solo metro de suelo rústico».
Por su parte, el socialista Vicent Tur dejó caer que el expediente urbanístico tiene «muy mala pinta» y acusó a Santa Eulària de tener claro cuáles son las «prioridades». Por alusiones, Juan recordó que «se expuso tres veces al público y se llevó tres veces a pleno sin que se presentaran alegaciones de su partido».
Plan de Transporte
En la sesión plenaria, el Partido Socialista presentó una moción en relación a la aprobación definitiva del Plan Insular de Servicios de Transporte Regular de Viajeros por Carretera (PISTRVC) para que el concurso público de la nueva concesión del servicio pueda ser adjudicado, como tarde, en el 2020.
Según recordaron, en el pleno celebrado en junio del año pasado, se aprobó de forma inicial la propuesta del Plan en el que solo una empresa sería la concesionaria para los próximos 10 años. «Nos preocupan las declaraciones del nuevo responsable del departamento de Transporte, Javier Torres, al anunciar públicamente un retraso en la aprobación del Plan y, consecuentemente, del proceso para la adjudicación de la nueva concesión», expusieron.
Si embargo, Torres cargó contra los socialistas por «querer que aprobemos en cuatro meses lo que ellos no han sido capaces de aprobar en cuatro años», aunque reconoció que las concesiones (prorrogadas durante este 2019) tendrán que prorrogarse un año más.
Según especificó Torres, el nuevo equipo de gobierno considera un «error» unificar el transporte regular con el escolar y esa ha sido una de las principales modificaciones del Plan. «Ya estamos viendo los problemas que hay en muchos centros con autobuses equivocados, falta de plazas y de monitores porque no les pagan lo suficiente», lamentó. Una decisión que lamentó Unidas Podemos al decir que «se había trabajado mucho en eso».
Por otro lado, indicó que se está estudiando la posibilidad de que la concesión sea en un único lote, pero recordó que lo que la ley promueve es que las concesiones de transporte dividan los lotes para favorecer a las pequeñas y medianas empresas.
También habló de que se introducirán mejoras ya que la flota actual es «muy antigua», pero «consideramos necesario dar seguridad a las empresas antes de renovarla porque, en el hipotético caso de que se queden fuera de la concesión, igual no pueden amortizarlo».
El conseller de Transporte desmintió a la oposición, quienes hablaron de un retraso de dos a cuatro años en la implantación del nuevo Plan. «Estas modificaciones suponen un retraso de meses y en enero o febrero se podría tener la aprobación inicial hecha», reiteró. «En esta legislatura se tendrá el transporte público que Ibiza se merece y en 2021 ya estará funcionando», concluyó.
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