Cabe recordar que la primera moratoria que hizo el anterior gobierno de Armengol (decreto ley 1/2016) dejó «en suspenso» esta disposición décima de la Ley del Suelo. Más tarde, esta suspensión «se convirtió en una derogación definitiva» con la nueva Ley de Urbanismo de Balears que se aprobó en noviembre de 2017, según recordó el conseller de Territori, Mariano Juan. Esta disposición transitoria décima permitía legalizar las casas que tenían ocho años cuando se aprobó la Ley del Suelo en el año 2014.
Los beneficios
«Vamos a estudiar la reclamación de la recuperación de esta disposición adicional décima, que suponía devolver a la legalidad construcciones en las que viven muchas familias que no son culpables de las infracciones cometidas hace mucho tiempo y que permitía adecuar sus viviendas sin consumir territorio y con una recaudación muy importante destinada por ley a la protección del medio ambiente», destacó el conseller de Territori, Mariano Juan.
Los beneficios de recuperar esta disposición transitoria décima son tres. En primer lugar, permite a las familias que residen en el campo volver a la legalidad. «Hay familias que viven en viviendas que tienen una parte ilegal, como un almacén o un corral, que se hicieron hace muchísimos años. Hay que tener en cuenta que muchos de los que están viviendo en estas casas no son infractores, pues la mayoría de estas viviendas están hechas en los años 70 y 80 y son infracciones que hicieron sus padres, abuelos o vendedores de las casas y los actuales moradores son los que están padeciendo las consecuencias de infracciones pasadas. Entonces, permitiría a estas familias volver a la legalidad. Actualmente, al no estar legalizadas, cuando quieren hacer obras de reforma o rehabilitación las hacen sin licencias porque no van a tumbar donde viven», precisó Mariano Juan. También destacó que recuperar esta disposición permitiría «rehabilitar muchas viviendas sin consumir un palmo de territorio». Y, por último, supondría un incremento en los ingresos de los ayuntamientos ya que para poder legalizarlas se pagaba un importe extraordinario del 15%, del 20% o del 25% en función de la tardanza en legalizar la vivienda.
«Esta recaudación es finalista por ley ya que sólo se podía usar para cuestiones medioambientales o para viviendas de protección oficial», precisó Juan, quien recordó que «los ayuntamientos, con esta disposición, recaudaron cantidades muy importantes». Así, el COAIB recordó ayer al Consell que en Ibiza se acogieron a esta disposición un total de 600 viviendas, cifra que en toda Balears ascendió a cerca de 2.500.
Otras cuestiones
En el encuentro de ayer, el equipo de gobierno de la máxima institución insular transmitió a los arquitectos su voluntad de colaborar con los colegios profesionales en el análisis del diagnóstico del Plan Territorial Insular (PTI). Por ello, una vez que se disponga del documento final validado por el Consell se trasladará a los colegios oficiales, entre ellos el COAIB, para que lo analicen y hagan las valoraciones oportunas.
«Nuestra voluntad es reforzar la colaboración entre los profesionales implicados en la gestión del territorio y el Consell, por ello consideramos fundamentales las aportaciones que puedan realizar, entre otros el Colegio de Arquitectos, a este diagnóstico y que de ello surja un análisis lo más completo posible. Hasta ahora no se les había dado la oportunidad de participar y hemos considerado positivo cambiar esta dinámica», precisó Mariano Juan. Además de esta propuesta de colaboración se abordaron otras cuestiones referidas a la gestión del patrimonio, el turismo, el desarrollo social y económico que el Colegio de Arquitectos ha recopilado en una memoria que ha presentado el equipo de gobierno.
El conseller de Territori destacó, además, la necesidad de que haya colaboración entre la máxima institución insular y los distintos ayuntamientos de la isla, especialmente el de Vila, Sant Antoni y Sant Josep, para actualizar sus planeamientos urbanísticos y que puedan desarrollar los suelos urbanos existentes y, de esta forma, disminuir la presión sobre el suelo rústico.
También se abordó la necesidad de agilizar y simplificar los trámites administrativos, con propuestas como reducir los tiempos sustituyendo las licencias de obra por comunicaciones previas.
8 comentarios
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Totalmente de acuerdo con Mariano. Y Joan, estas viviendas no las constuimos nosotros, pero pagamos impuestos por ellas. Y no, no es tan fácil, no tenemos dinero para demoler y construcción nueva, eso se lo podrán permitir los extranjeros ricos que construyen megachalets para pasar unas semanas al año, nosotros sólo queremos legalizar lo que heredamos de nuestros abuelos, que su esfuerzo les costó.
Reunió amb associació de finques rustiques, JA.
@Joan jo som una de les persones que s'ha beneficiat d'aquest procedimient i jo no som infractor. Som el que pateix la conseqüència d'una infracció de fa molt de temps. Les coses no son tan simples, parlam dinfraccions històriques fetes pels nostres pares o més vells.
Es a dir, tor qui ha fet el que li ha donat la gana, borrón y cuenta nueva. Amb tot el que hi ha mal fet a la nostre illa, em sembla una messura totalment equivocada. Aquí sols es preten fer caixa Que dirán els jutges quan les vulneracions de cerrs espais arribin al jutgat? Crec que no es tant facil com ho pinten
Permitamos rehabilitar lo construido y limitemos que se construya más. Enhorabuena por la cordura.
Y con los propietarios de las fincas, que son los realmente afectados de todas estas modificaciones, cuando se van a reunir??
Ja hi tornam a ser...
Por fin vuelve algo de sensatez en urbanismo . Pues es obvio que si permites mejorar edificaciones existentes quitará presión sobre la construcción nueva .