La elaboración del plan dotará de contenido a la protección de la zona de costa mencionada. El portavoz de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, recordó que ya existía un documento de esta clase que se redactó en torno a 2010 sin que se llegara a aprobar, que pidió que «se saque del cajón y se desempolve».
No hubo el mismo consenso a la hora de solicitar las medidas cautelares previas a la aprobación del plan. El equipo de gobierno solicitó un cambio en el segundo punto de la moción que generaba inseguridad jurídica en los grupos. Por ello se mantuvo la primera redacción, que establece que «el Ayuntamiento de Sant Josep tomará las medidas oportunas para evitar que se concedan nuevas licencias que contravengan las medidas del plan mientras dure su tramitación».
Prats señaló la importancia de este espacio por su «gran valor ecológico y paisajístico» debido a diversas razones históricas que han permitido su conservación. Entre ellas subrayó que «aquella área la compró en su momento un señor que se llamaba De Sans. Un barcelonés que veraneaba en aquella zona y decidió comprarla para poder seguir disfrutando de aquellas vistas». Una persona sobre la que Prats animó a indagar, dado que gracias a la compra de aquellas tierras sin ningún ánimo especulativo en una época en la que construir era más sencillo, propició que la zona «no siguieran el mismo camino que buena parte de la costa del municipio de Sant Josep».
La puesta en marcha de este plan, que ahora deberán desarrollar los servicios técnicos del Ayuntamiento teniendo como base el plan elaborado en 2010, establecerá las medidas para conservar el valor de este área y gestionar del modo más adecuado aspectos como la movilidad, el impacto humano o el cuidado del entorno.
Ordenanza de ruido
El pleno también aprobó la segunda modificación de la ordenanza de vibraciones y ruidos de Sant Josep, que entró en vigor en 2018 y ya sufrió una modificación a final de año para permitir los conciertos en vivo debido a la presión de la Asociación de Músicos de Ibiza. La modificación aprobada ayer afecta al artículo 34.6 de la ordenanza, que obligaba a las autoridades a imponer medidas provisionales en los expedientes por infracciones graves. El concejal de Urbanismo y Actividades, Ángel Luis Guerrero, explicó que la modificación se producía para «dar más seguridad jurídica al ciudadanos», dado que las medidas provisionales podían ser incluso más gravosas que la posible sanción. Es por ello que las medidas provisionales pasan a ser potestativas.
El grupo Popular se abstuvo en esta modificación. Su portavoz, Javier Marí, recordó que su grupo ya había alertado de que esta ordenanza «creaba problemas donde no los había». Aseguró que del texto se volverá a hablar pronto en el pleno y recordó que desde el punto de vista de su grupo crea problemas en el suelo rústico al prohibir las actividades propias de esta zona que de forma natural superan los niveles de ruido.
Aprovechó el turno de preguntas para pedir si ha habido algún expediente por ruido debido a actividades propias del suelo rústico como la caza o las actividades agrarias, a lo que se responderá en el próximo pleno.
Por su parte Guerrero defendió que el texto «evita problemas donde los había» y ordena la convivencia entre los turistas y las actividades comerciales con el descanso de los vecinos. Aseguró que la modificación de las ordenanzas es algo normal según aparecen aspectos que limar.
Los concejales de PxE y Ara Eivissa, Vicent Torres y Josep Prats, aprovecharon la tesitura para recordar que el problema de ruidos seguía vigente en Sant Jordi debido a la actividad de un local de ocio nocturno que no cumple con la normativa.
Cierre del presupuesto 2018
La oposición aprovechó la aprobación de la cuenta general de 2018 para echar en cara al equipo de gobierno la falta de ejecución de buena parte del presupuesto.
El PP lo tachó de ineficaz al haber aumentado el dinero que el Ayuntamiento tiene en el banco de los 43 a los 50 millones. «Un mal dato de gestión», valoró Marí Álvarez, que apuntó que el gasto en inversiones por habitante había pasado de 209 euros en 2015 a 123 euros en 2018.
Desde Ara Eivissa se echó en falta la ejecución de proyectos como la redacción del proyecto de la bahía de Portmany o la escuela de Ses Planes, cuyo inicio estaba previsto en 2018 y al final se puso en marcha este año.
3 comentarios
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Juajuajuajua.
Lo que tendria que hacer el Ajuntament de Sant Josep aparte de el tema de las playas y otros muchos pendientes que tiene es el tema de la okupacion y proliferacion de caravanas entre Sant Josep y Sant Agusti con los montones de basura que dejan y riesgos medioambientales. Ojala no lo tengamos que lamentar mas tarde
La principal proteccion en cala bassa passa por retirar ese mamotreto de beach club puesto encima de una zona dunar protegida, la misma que para colmo unos metros antes de llegar, cerca del parking, dispone de un cartel de medio ambiente recordando que es una zona dunar en regeneracion y no se puede pisar. Bonita hipocresia.