Condenados a sendas penas de dos años de prisión, multa de 2.160 euros e indemnizar a las víctimas con una cifra global que alcanza los 101.750 euros. Es la pena impuesta ayer por la sección primera de la Audiencia Provincial a una pareja juzgada por un delito continuado de estafa a través de falsos alquileres de viviendas en Ibiza.
Los dos encausados, reconocieron los hechos ante el tribunal y ratificaron el acuerdo de conformidad que previamente habían alcanzado su defensa con el Ministerio Fiscal.
Inicialmente, la acusación popular solicitaba sendas penas de seis años. La condena mantiene las cantidades estipuladas inicialmente en concepto de responsabilidad civil.
Según el escrito de acusación, José E.G.B y Layla G., «actuando conjuntamente con ánimo de obtener un beneficio económico y valiéndose de la empresa ‘Nerveland Events', constituida por ambos desde octubre de 2014 a agosto de 2015, ofertaron casas que no eran suyas».
Falsos alquileres
Los dos encausados anunciaban a través de internet el alquiler de viviendas en Ibiza y solicitaban cuantiosas cantidades en concepto de reserva alegando el grave problema de vivienda existente en la isla. Así, llegaron a cobrar 23.500 euros a una víctima por el alquiler de unos apartamentos en la avenida Isidor Macabich de Vila.
Tras cobrar las reservas, los encausados alegaban algún problema para no poder disponer de la vivienda ofertada y ofrecían un alojamiento alternativo durante unos días para evitar que la víctima denunciase los hechos en el mismo momento.
Paralelamente, los acusados también se presentaban como gestores inmobiliarios y llegaron a estafar hasta 26.800 euros al propietario de una finca en Sant Antoni que alquilaron y al que ocultaron las ganancias derivadas de la misma durante la temporada estival.
Los hechos eran constitutivos de una delito de estafa continuada agravado porque el valor de la defraudación es superior a los 50.000 euros.
El juicio tenía previsto celebrarse a lo largo de toda la semana pero se resolvió con un acuerdo de conformidad que incluía la devolución de las cantidades defraudadas a las víctimas.
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