La delegada del Colegio de Abogados en Ibiza y Formentera, Eva Maria Cardona, subrayó ayer el «profundo malestar» que sienten los abogados por el «ninguneo que están sufriendo los compañeros del turno de oficio» y advirtió que la «asfixiante» situación que atraviesan los letrados del turno de oficio, a los que el Ministerio de Justicia adeuda más de 330.000 euros, abre las puertas a una serie de paros si el Ministerio «no cumple sus compromisos y abona urgentemente» las cantidades correspondientes a cuatro meses.
Cardona, quien compareció en rueda de prensa junto a la coordinadora y miembro del ICAIB Sonia Pardo, subrayó asimismo que el Colegio de Abogados se suma a las denuncias hechas por los operadores judiciales y los sindicatos respecto a la «insostenible» situación que se está viviendo tras el incendio de los juzgados de Ibiza, el pasado 21 de enero, y la «preocupante y vergonzosa» situación que se da en el juzgado de Violencia sobre la Mujer.
La responsable del ICAIB lamentó que es la segunda vez en seis meses que tienen que denunciar los impagos de Justicia. En este sentido, apuntó que a los setenta abogados que trabajan en el turno de oficio del partido judicial de Ibiza y Formentera se les deben los honorarios correspondientes a más de 2.000 actuaciones, más de 330.000 euros, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018, así como enero y febrero del presente ejercicio. «Esta situación no se puede tolerar y es una falta de respeto a una profesionales que prestan uno de los servicios públicos más valorados por la sociedad, ya que gracias a ellos todo el mundo puede acceder a una defensa».
Cardona recordó que Justicia ya se comprometió en 2018 a tener los pagos al día, pero «desgraciadamente volvemos a estar en una situación lamentable».
Este «retraso reiterado» no es el único motivo de queja de la abogacía. Así, Eva Cardona recalcó los problemas añadidos que sufren los letrados de Balears y «peor todavía para los de Ibiza y Formentera. Hay que acabar con las desigualdades territoriales ya que las comunidades con las competencias transferidas cobran tres o cuatro veces más que en Ibiza».
Además exigió la urgente adopción de una serie de criterios y medidas encaminadas a retomar de forma urgente la actividad en los juzgados de lo Penal de Ibiza, «reducidos a la mínima expresión», y evitar situaciones «lamentables e indeseables» como las que se viven a diario en el juzgado de Violencia sobre la Mujer, donde víctimas, menores y detenidos coinciden en una sala de reducidas dimensiones.
«Queremos transmitir nuestra honda preocupación por todo lo que está sucediendo e instamos a los poderes públicos para que pongan todos los medios necesarios para poner fin a esta lamentable situación», remarcó Cardona.
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