En un comunicado, la CNMC recordó que el transporte marítimo está «plenamente liberalizado» y que, por ello, «cualquier propuesta de intervención reguladora en este sector debe justificarse porque existe una necesidad real de interés público que el mercado es incapaz de satisfacer».
El Govern propone incluir en su normativa obligaciones de regularidad, frecuencia o capacidad de las navieras y, en este sentido, la CNMC considera que «no se aporta la información suficiente que justifique estos requisitos», por lo que, a su parecer, «no se puede valorar si estas medidas de intervención reguladora son razonables, necesarias y proporcionadas».
En este sentido, apuntaron que como «obligaciones de servicio público», se deberían «justificar más en profundidad y con estudios de impacto» estos aspectos citados, sin embargo, valoraron «positivamente» el enfoque regulador.
También explicaron que el Decreto permite que los armadores se coordinen para repartirse las condiciones de prestación del servicio y han detallado que, a su juicio, esta medida presenta «evidentes riesgos para la competencia».
En esta línea, desde la CNMC han señalado que «se debería acreditar que es necesaria y poner los acuerdos en conocimiento de la autoridad de competencia a los efectos oportunos».
Adicionalmente, se ha recomendado «replantear las medidas de coordinación que la Administración podría imponer a los operadores, debido a la falta de habilitación normativa en este punto».
Asimismo, han recordado que el proyecto debe ajustarse a la nueva normativa de contratos del sector público, así como la importancia de realizar un diseño del proceso de licitación del contrato que garantice la competencia entre los distintos participantes.
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