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«Los Partidos Políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del Alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos en favor de los tránsfugas».

Así reza uno de los acuerdos del Pacto Antitransfuguismo renovado en 2006 por los partidos políticos de entonces, entre ellos el PSOE, y que el alcalde de Sant Antoni, el socialista Pep Tur ‘Cires', incumple al mantener en el equipo de gobierno a la teniente de alcalde Cristina Ribas, que el lunes confirmó su baja del PI, la formación con la que acudió a las elecciones de 2015 como número 2 y consiguió ser elegida concejala.

Los partidos políticos firmantes también se comprometen a «impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas», otro aspecto que incumpliría el alcalde de Sant Antoni al seguir contando con Cristina Ribas en el equipo de gobierno. Además, las formaciones políticas también se comprometen a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los tránsfugas «y a desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocolario».

Mismos derechos para el PI

También establece este pacto que el concejal tránsfuga, en este caso Cristina Ribas, «no podrá mejorar su situación anterior al abandono del grupo municipal de origen en cuanto a su participación en las comisiones», de tal forma que si se lleva a cabo un nuevo reparto proporcional «no puede perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo, ni beneficiar al concejal no adscrito más de lo que suponía su situación anterior».

«El alcalde me apoya y quiere que siga como hasta ahora. Voy a seguir como concejala no adscrita, es decir, sin estar en ningún partido pero manteniendo mis cargos y perteneciendo al equipo de gobierno. Eso no cambia», señaló el lunes Cristina Ribas.

El alcalde, por su parte, destacó de Ribas que «es un puntal, es muy agradable trabajar con ella, hace equipo y eso es lo que necesitamos en Sant Antoni», confirmando que no la va a cesar del equipo de gobierno pese a su situación de transfuguismo.

EL APUNTE

Cristina Ribas, un claro ejemplo de concejala tránsfuga no adscrita

El Pacto Antitransfuguismo define el término tránsfuga como «los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o grupo -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad», es decir, que no es necesario que ‘fiche' por otra formación para que sea considerada tránsfuga.

Es más, si hay dudas sobre si un concejal ha incurrido en transfuguismo «será la formación política que los ha presentado la que deberá aclara por escrito cuáles de ellos se han apartado de la disciplina de partido, a efectos de su calificación como tránsfugas». Además, el pacto también se refiere a la figura de «concejal tránsfuga no adscrito», cuya condición «no es equiparable en ningún caso al grupo político por cuanto comporta una violación de la Ley reguladora de las bases del régimen local».

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