«Cuando el Ayuntamiento está enfangado, decide dar la culpa al Ibavi», señaló Pons, asegurando que en el proceso «no habrá clientelismo y no lo permitiremos».
El diputado del PP, Miguel Jerez, recordó la denuncia de los vecinos de Santa Eulària, afectados por las «irregularidades» cometidas en el proceso de inscripción exigido para optar a estas viviendas de protección oficial de Puig d'en Valls.
Según Jerez, «en el Ibavi no se ha seguido un criterio lógico a la hora de asignar a las familias el lugar que les corresponde». El diputado también señaló que las VPOs se están adjudicando sin seguir las bases de la Ley de Vivienda «y confirman que el Govern ha generado un error administrativo que ha provocado un auténtico caos».
Pons reiteró que no se va a permitir que haya gente «que pretenda entrar a través del Ayuntamiento por encima de otras personas que hace mucho están inscritas en la lista del Ibavi». «Cualquier otro registro que monte el Ayuntamiento o la promotora no será válido», reiteró Pons.
Jerez, por su parte, denunció la «discriminación» existente porque «no se están cumpliendo los criterios a la hora de acceder a una VPO», denunciando que algunos de los primeros inscritos en las listas del Ibavi «no aparecían ni en el listado».
«La promotora les ha pedido a ustedes un informe jurídico para saber de qué manera deben adjudicar las VPOs», apuntó Jerez, quien preguntó al conseller si tendrán prioridad en el proceso los empadronados en Santa Eulària «porque la ley no lo deja claro».
En este sentido, Marc Pons respondió que para acceder a uno de estos pisos no era necesario estar empadronado en Santa Eulària «hasta el momento de la compra».
Jerez pidió al conseller de Territori que, por una vez, «sea claro esta legislatura», emita una lista «correcta» y «asuma sus errores y diga la verdad».
Por otra parte, el diputado de Podemos Aitor Morrás se quejó del precio de estas viviendas, que alcanza los 270.000 euros, señalando que «el precio se aleja de lo que se puede considerar una promoción de vivienda social y se ocupa suelo público para construir viviendas que, por su precio, se asemejan más a viviendas de mercado libre».
Pons le recordó que el precio máximo de estas VPOs de promoción privada está fijado por un real decreto de 2008 y que está establecido en 3.000 m2. «Se han ido al precio máximo», señaló Marc Pons.
Un total de 711 personas se han inscrito como demandantes de una de estas viviendas de Puig d'en Valls, que serán adjudicadas «por estricto orden de inscripción». «La lista la tiene la promotora y el Govern realizará un seguimiento para que no haya ni trampa ni cartón», reiteró Marc Pons.
Santa Eulària se defiende
El concejal de Urbanisme de Santa Eulària, Mariano Juan, señaló ayer que la lista elaborada por el Ayuntamiento y que envió a la promotora de las VPOs tan solo es «un listado de solicitantes de información con los que la promotora se puso en contacto y les explicó que según la nueva ley de vivienda que había entrado en vigor a finales de junio se tenían que apuntar en el Ibavi». Por esta razón, el concejal de Santa Eulària señaló que las declaraciones de Pons en el Parlament «son fruto de su desconocimiento y probablemente de algunos grupos que tienen intereses electorales en Santa Eulària, porque si no no se explica esta confusión».
Juan destacó que el problema radica en que «hay una quincena de personas que dicen que se apuntaron en este listado del Ibavi pero que no salen. Por tanto, el conseller en lugar de criticar al Ayuntamiento por poner en contacto a los vecinos de Santa Eulària con la promotora, debería explicar por qué hay quince personas que no están dadas de alta habiéndolo solicitado en su momento en el listado único y que legalmente cuenta».
El concejal de Urbanisme apuntó que desde Santa Eulària han remitido al Govern las quejas que han recibido «para que responda a estas personas. Nos consta también que la promotora ha pedido un certificado del listado definitivo por parte del Govern que les certifique si ha habido algún error con este listado que enviaron a la promotora. Es decir, el Govern balear envió un listado donde faltan unas quince personas, según explican ellas mismas, y la promotora ha pedido que se vuelva a revisar el listado y se certifique que es correcto».
«Si se ha producido un error se corrige y ya está. Lo que no entendemos es que el conseller Marc Pons intente desviar el foco de este supuesto error en su propio listado y empiece a hablar del listado del Ayuntamiento de Santa Eulària del que nadie se ha quejado», sentenció Mariano Juan.
2 comentarios
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VPO de 270,000€, estamos locos o que ?
En ese caso, que se cumpla lo dicho, que se establezca la ley sobre vivienda 5/2018 artículo 70.2. Hasta la fecha, han sucedido una serie de irregularidades, y no se ha paralizado la venta. Por lo tanto no es solo decir que hay que hacer, sino aplicarlo. La lista debería ser pública para que así se demuestre que se cumple la ley y con lo solicitado