Pons ha afirmado en el Parlament que el proceso de adjudicación de viviendas de protección oficial, públicas o de iniciativa privada, está totalmente regulado «y hay que exigir que se cumpla la ley, tal y como está fijado».
Así lo ha asegurado en respuesta a la pregunta formulada por el diputado de Podemos, Aitor Morrás, quien ha preguntado por la valoración del Govern sobre las circunstancias que rodean la adjudicación de una promoción privada de VPO en Santa Eulària.
El diputado Morrás ha recordado las noticias surgidas en relación a la «confusa» adjudicación de estas viviendas, cuyo precio alcanza los 270.000 euros, añadiendo que «el precio se aleja de lo que se puede considerar una promoción de vivienda social y se ocupa suelo público para construir viviendas que, por su precio, se asemejan más a viviendas de mercado libre».
Pons ha recordado que el artículo 70 de la Ley de Vivienda establece que para participar en igualdad de condiciones en la adjudicación de VPOs, los interesados deben inscribirse en el registro del Ibavi, condición también exigible en el caso de viviendas impulsadas desde la iniciativa privada. «Si alguien pretende crear una lista paralela y jugar a crear confusión y con determinados intereses, debe saber que el Govern siempre estará encima», ha reiterado.
Un total de 711 personas se han inscrito como demandantes de una de estas viviendas de Santa Eulària, que serán adjudicadas «por estricto orden de inscripción». «La lista la tiene la promotora y el Govern realizará un seguimiento para que no haya ni trampa ni cartón», ha reiterado.
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