El Consell aprueba el pago de 92.000 euros por el suministro de oxígeno a la residencia de Cas Serres

El informe que motivaba el pago establecía que se había hecho contrato verbal entre el jefe de negociado de la residencia y la empresa suministradora para recibir este producto necesario para el correcto funcionamiento del centro, pero el gasto no se había fiscalizado por lo que no se habían pagado las facturas. Sin embargo el propio informe indicaba la necesidad de hacer el pago para no incurrir en “enriquecimiento indebido”.

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La no fiscalización fue debida a que no se renovó el contrato de suministro, que debió actualizarse el año pasado. Desde la bancada del Grupo Popular, su portavoz, Mariano Juan, ha echado en cara al equipo de gobierno el hecho de que no se hubiera renovado en tiempo y forma el contrato, motivo con el que justificó la abstención de su grupo. Si bien ha recalcado que por supuesto que era necesario el pago “si se ha prestado un servicio que es imprescindible”, dado que “la empresa no tiene culpa de que no se haya hecho un contrato como es debido”.

A ello ha contestado el conceller de Economía y Hacienda, Gonzalo Juan, que el departamento de Bienestar Social llevó a contratación en el mes de marzo el contrato, sin embargo en ese mismo mes se cambió la ley de contratación y no se pudo fiscalizar a tiempo. El procedimiento del contrato tuvo que volverse a iniciar de nuevo, a solicitud del Consell Executiu, para cumplir con las exigencias de la nueva Ley.