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La demarcación pitiusa del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears y la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Sant Josep (Asfinrus) criticaron ayer la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) aprobada el miércoles en el pleno del Consell d'Eivissa por el equipo de gobierno.

Iván Torres, presidente de los arquitectos pitiusos, recordó que el Consell puso a disposición de los ciudadanos un correo electrónico para que realizaran sus propuestas a esta modificación del PTI y que el Colegio Oficial de Arquitectos presentó un escrito al que dio registro de entrada «pero no se sabe lo que ha salido de estas propuestas ni se nos ha contestado a nuestro escrito; la sensación es que tenemos palabras amables y positivas sobre consenso pero luego los hechos son los que son y no podemos estar de acuerdo en que tiren por la calle de en medio».

Torres añadió que espera que «en el futuro, cuando tengamos el diagnóstico del PTI y abordemos su modificación podamos todos dar nuestra opinión en una mesa donde lleguemos a un pacto por el territorio con toda la sociedad y no sólo una parte. Así no se hace un buen PTI». El presidente de los arquitectos insistió en que las modificaciones de las normativas urbanísticas sin consenso «provoca que cada cuatro años se cambien las normas territoriales sin tener en cuenta a los propitarios ni a nadie, y al final el que sale perjudicado es el territorio».

Iván Torres recordó que en la exposición pública de la Norma Territorial Cautelar el Colegio de Arquitectos presentó una serie de alegaciones «de tipo administrativo» sobre cómo se había llevado a cabo su tramitación a raíz de un informe elaborado por un catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de les Illes Balears. «Nos dijeron que les hubiera gustado que fuéramos en positivo, pero entendemos que en las alegaciones no es el momento de hablar de ideas. El Colegio de Arquitectos tiene suficiente entidad como para que tengamos que hablar vía alegaciones, es absurdo».

En cuanto a las declaraciones en el pleno de la portavoz de Podem–Guanyem, Viviana de Sans, en las que se felicitó por que la normativa evita la construcción de «casoplones» en suelo rústico, Torres puntualizó que las viviendas con un volumen de 900 m3, que es la nueva medida introducida en el PTI, «no dejan de ser mansiones».

Ecologistas Por otro lado, las entidades ecologistas se felicitaron por la introducción en el PTI de medidas que limitan la construcción de viviendas en suelo rústico. No obstante, desde el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) consideraron ayer que «no es suficiente». Para el presidente del GEN, Joan Carles Palerm, la posibilidad de urbanizar en suelo rústico «debería ser una excepción». Desde su punto de vista, la manera en que se regula el urbanismo en Ibiza «lo único que se hace es convertir el urbanismo rústico en una especie de derecho regulado con limitaciones cuando debería ser todo lo contrario: una cuestión excepcional y no una norma».

Según Palerm, la modificación del PTI «sólo sirve para reducir la presión» en un suelo rústico que «no debe ser otra que la de servir para paisaje, medio ambiente o explotaciones agrícolas».

El presidente del GEN insistió en «regular de cara a la prohibición» dejando aparte determinadas zonas o lugares que puedan tener un aprovechamiento. Palerm también criticó que «políticamente no se ha trabajado nada para llegar a un mínimo de consenso, que ya es triste» y lamentó que «el uso del suelo urbanístico rústico se convierta en una pelea en busca del voto».

La presidenta de Amics de la Terra, Hazel Morgan, destacó que en su organización «siempre apoyamos medidas que potencien la reducción de la masificación y la urbanización en los espacios más naturales, incluyendo el campo. Estamos contentos con este cambio». Para Morgan, «muchas de las construcciones que se hacen hoy son por especulación; mansiones que no sirven para residentes y sólo benefician a unos pocos».

Morgan destacó las diferencias en urbanismo que existen entre Ibiza y «Mallorca y Menorca, donde lo han tenido claro siempre. La sociedad está más concienciada y los políticos también defienden lo que pide la gente. La gente sabe perfectamente que una isla protegida de la construcción tiene garantizado mucho mejor su futuro. En Ibiza, en cambio, hemos sido siempre la excepción, no hay un consenso sobre la idea que se tiene de la isla y es vergonzoso que se haya permitido construir en áreas protegidas».

Propietarios de fincas Por último, la Asociación de Fincas Rústicas de Sant Josep (Asfinrus) insistió en la inseguridad que crea los cambios en materia urbanística cada vez que cambia el gobierno. «Así nunca sabremos qué se puede o no hacer», criticó Pep Tur Vergeró, su presidente, quien se ha sentido «despreciado» por el Consell d'Eivissa: «Les hemos pedido tres veces hablar sentarnos a hablar con ellos y ni siquiera nos han contestado».

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