Ayer la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, sí tomó declaración a Tur, quien contó con el apoyo de Sònia Cardona, compañera de gobierno en su día y que ya declaró el día 29. Ambas han comparecido en calidad de investigadas tras ser señaladas por el presidente del Consell, Jaume Ferrer, como las responsables del bolsín de bomberos que está siendo investigado por un delito de prevaricación administrativa.
Silvia Tur, quien llegó a los juzgados 20 minutos antes del mediodía y los abandonó una hora y media después, señaló a los periodistas que le esperaban estar «muy sastisfecha de haber podido venir y poder explicar mi función en la creación del cuerpo de bomberos de Formentera. También estoy satisfecha por el hecho de que la jueza pueda tener claro cuál fue mi participación concreta y que fue una actuación correcta que volvería a hacer hoy», subrayó. La parlamentaria defendió la actuación del Consell de Formentera y señaló tener «tranquilidad máxima. Estoy muy contenta de haber podido venir a declarar y dejar clara mi postura», insistió.
Declaración tras dos citaciones
Preguntada por el hecho de no haber declarado el día 29 de mayo, Tur apuntó a una decisión exclusiva de la jueza. «Su señoría no lo estimó oportuno o conveniente. Yo vine a declarar porque se me citó y fue ella la que decidió que no me tomaba declaración».
La investigación viene derivada de las actuaciones realizadas por la Fiscalía, que actuó a petición del tribunal que firmó una primera condena contra el Consell.
El Contencioso Administrativo número 2 de Palma remitió aquel primer auto a la Fiscalía para que investigase la «posible comisión de hechos delictivos ante la admisión de aspirantes y posterior contratación, careciendo de requisitos para ello, así como, específicamente, respecto de la paralización injustificada de nombramiento durante más de un año resultando en la contratación». La sentencia condenó al Consell a reconocer la contratación de R.C.L., como bombero colaborador del Consell desde el 7 de enero de 2013 y abonarle la cantidad de 80.199 euros. La cantidad fue reducida a unos 57.000 euros tras el recurso del Consell y ahora se investiga una prevaricación.
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