La sección primera del tribunal provincial acogió ayer una vista previa de dicha causa por cuestiones organizativas, en la que se determinó el calendario de celebración del juicio a principios del año que viene.
En esta causa, la Fiscalía acusa a una docena de ex altos cargos de la Autoridad Portuaria de Baleares y responsables de empresas del sector náutico por haberse concertado presuntamente para llevar a cabo actuaciones para evitar cumplir la legalidad en varios concursos públicos y favorecer de forma arbitraria a determinadas sociedades y personas.
La Fiscalía Anticorrupción acusa de presuntos delitos de alteración de subastas y concursos, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho pasivo y activo.
Investigados
Los concursos cuestionados son la adjudicación de la gestión de los amarres del muelle de Levante del Puerto de Mahón, la adjudicación de Ibiza Nueva, un contrato de asistencia técnica sobre el plan director del Puerto de Mahón y el concurso de gestión de amarres de La Savina de Formentera.
La Fiscalía acusa también por los regalos a varios ex altos cargos, entre los que figuran la instalación gratuita de dos cocinas y la venta a un precio favorable de un apartamento en primera línea de costa en Formentera.
Entre la docena de acusados figuran el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares Francesc Triay, para quien el Ministerio Fiscal solicita 10 años de condena, el exdirector de la entidad Ángel de Matías, con una petición que alcanza los 18 años, y el empresario Gerardo Díaz Ferrán, para quien se reclama una pena de 3 años y 6 meses de prisión.
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