‘Gelu’ Guerrero (PSOE), Gian di Terlizzi, (Podemos), Javier Marí (PP) y Toni Villaonga (EPIC) participaron en el debate. | Daniel Espinosa

Tanto el Partido Popular como EPIC ven «indicios» de que la actuación de la Policía Local al multar a las empresas del polígono de es Raspallar que no tenían vado en sus entradas se deba a que el equipo de gobierno decidiera tomar represalias contra este grupo de comunicación al haber publicado unas informaciones que desembocaron en la dimisión del primer teniente de alcalde de Vila, Alfonso Molina.

«Es chocante y extraño, existen indicios de que es una represalia. Todos tiene que cumplir las normas pero primero se hace una campaña informativa y al mes siguiente se les sanciona», apuntó el concejal de EPIC, Toni Villalonga. Una opinión que también compartió Javier Marí, presidente de la junta local del PP de Sant Josep.

«Esta actuación deja algún interrogante y pediremos explicaciones en el próximo pleno para que el alcalde explique por qué ha actuado así», avanzó.

Otro de los puntos que se trató en el debate fue la modificación de la LUIB a través de una enmienda de Podemos. En este sentido, el concejal de Urbanismo de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, mostró su preocupación al entender que «invade competencias municipales».

Por su parte, Gian di Terlizzi (Podemos) quiso quitarle hierro a las declaraciones de Aitor Morrás y Alberto Jarabo sobre la enmienda Matutes y la modificación para perjudicar sus intereses. «Forma parte del juego político», insistió el de Podemos.

Por último, Javier Marí también señaló que el Ayuntamiento de Sant Antoni tiene que dar «muchísimas explicaciones» en relación a la licencia que otorgó al chiringuito de Cala Gració ya que «uno no tiene un chiringuito listo en tres semanas si no saben que le van a dar la licencia».