El Gobierno acepta que el nuevo REB incluya medidas fiscales y un fondo para inversiones

A pesar de las enormes resistencias iniciales, el Gobierno ya ha aceptado que el nuevo REB incluya medidas fiscales que van más allá de las aprobadas durante el Govern de José Ramón Bauzá, según aseguran las fuentes consultadas. No hay opciones de modificar el IVA porque la Unión Europea no lo autoriza, pero el texto sí incorporará compensaciones fiscales para las empresas de las Islas que inviertan en sectores estratégicos.

Otro punto de tensión inicial era la puesta en marcha de un fondo de inversiones que garantizara que el Gobierno invirtiera en las Islas de manera extraordinaria para compensar las desventajas de la insularidad, la infrafinanciación de todos estos años y el hecho de que de las famosas inversiones estatutarias apenas llegó una mínima parte.

Paso adelante

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El Gobierno no quería este fondo pero finalmente aparecerá en el REB y el debate se centra ahora en tres cuestiones importantes: a cuánto ascenderá, cuántos años durará y quién decidirá las inversiones.

La petición del Govern ronda los 400 millones de euros, que el fondo dure cinco años revisables y que las inversiones se decidan, como mínimo, entre las dos administraciones. El Gobierno rebaja la cantidad sustancialmente y quiere tener el poder de decisión sobre las inversiones o, al menos ejercutarlas directamente sin la intervención del Govern.

Ese es ahora el principal escollo que atasca la negociación, junto a la inclusión o no del 75 por ciento de descuento en el documento, algo a lo que el Gobierno se niega, al menos por el momento.

La consellera d'Hisenda salió ayer satisfecha de la reunión y confió en superar las discrepancias sobre estos puntos clave para llegar a un acuerdo en las próximas semanas. «Queda trabajo por hacer y es importante poder llegar a un acuerdo en las próximas semanas no supeditado a los Presupuestos», señaló la consellera.

Govern y Gobierno tienen prisa porque el trámite para la aprobación del REB es complicado y conviene que el acuerdo se cierre este mismo mes para que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2019. El proyecto de ley del Gobierno debe enviarse al Congreso y Senado para que le den el visto bueno.