Una pareja de 95 y 87 años se enfrentan a cuatro años de cárcel por una estafa de 1998

La Audiencia Provincial celebrará el lunes en Ibiza un juicio en el que se piden penas de 4 años de cárcel y sendas multas de 1.800 euros para una pareja de italianos de 95 y 87 años como autores de un delito de estafa en 1998.
Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, el matrimonio acudirá el lunes a una vista oral que ya fue aplazada en fechas anteriores. El lo hará como autor de un delito de estafa en forma agravada. Ella como cooperadora necesaria.
El juicio se celebrará dos décadas después de los hechos, veinte años que han dado para un cambio de moneda (de la peseta al euro), un periodo de tiempo que también ha vivido una crisis que se llevó por delante a las dos entidades financieras citadas en el escrito de acusación como víctimas de la estafa: el Banco Sanpaolo y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entidad que adquirió a la primera en 1998.
El escrito de acusación relata que los acusados «celebraron con fecha 25 de febrero de 1997 un contrato de préstamo con el Banco Sanpaolo por un importe de 66 millones de pesetas, constituyéndose una garantía real hipotecaria sobre dos fincas registradas en el término municipal de Sant Josep».
Las operaciones se realizaron a través de sendas sociedades de tecnología industrial y agrícola.
Para obtener una cuantía superior se incluyó en una de las fincas un invernadero que estaba en construcción.
En agosto de 1998, el acusado no cumplió con su obligación de amortizar el préstamo y el Banco Sanpaolo se inició un procedimiento civil de ejecución de garantía hipotecaria, obteniendo la adjudicación del suelo rústico pertenecientes a las fincas por un importe de 11 millones de pesetas, con un perjuicio económico de 55 millones de pesetas (331.325 euros) para el banco.
Cuatro años después, el 20 de junio de 2002, el acusado, a través de su mujer, vendió la finca donde se encontraban los invernaderos por un valor de 299.000 euros, no pudiendo los acreedores ejercer ninguna acción sobre los mismos. Según el escrito de acusación, «todas las sociedades carecían de actividad social alguna, siendo un instrumento utilizado para sustraer de su patrimonio las fincas y evitar que estas fueran afectadas por el pago de la deuda con el banco».