La moción, presentada por el grupo Podemos-Guanyem, también insta al gobierno central a comprometerse durante los próximos años a asignar partidas presupuestarias para la construcción de esta infraestructura «hasta su finalización en el plazo de ejecución más breve posible». También se solicita que que el Govern y el Estado lleguen a los acuerdos necesarios, una vez concluida, para ceder la gestión «con el personal necesario» a la comunidad autónoma, tal como se hizo con las bibliotecas públicas estatales de Mallorca y Menorca.
Dotación de personal
A pesar del voto a favor, la consellera del PP Belén Torres echó a David Ribas que después de tres años gobernando «es la primera vez que habla de la biblioteca» y aseguró que es una «incongruencia» que hable de modificar los PGE cuando sus socios de gobierno «dicen que no los apoyarán». Por su parte, Ribas apuntó que la biblioteca dejó de tener asignación presupuestaria en 2011 cuando Mariano Rajoy empezó a gobernar y les recriminó su «nula capacidad para influir en el gobierno de Madrid». «No pintan nada en Madrid. Antes la excusa era que había un gobierno en funciones y ahora que no se aprueban los presupuestos», espetó el conseller, que recordó que incluso en 2015 «los de su mismo partido» rechazaron una iniciativa del senador Pepe Sala para reactivar la biblioteca.
Por unanimidad también se aprobó exigir al gobierno una «correcta dotación de personal» para los servicios de la administración del Estado en Ibiza. La moción del PSOE denunciaba la «insuficiente» dotación en servicios como la justicia, donde están pendientes de nombramiento siete funcionarios, o en la oficina de tránsito donde hay siete personas en activo cuando la plantilla tendría que estar compuesa por 17. Marta Díaz también apuntó que la Guardia Civil cuenta con 250 agentes cuando tendría que haber 340, por lo que se encuentran con «la misma dotación» que en años anteriores a pesar de que se han incrementado las necesidades por el aumento de población y la llegada de más turistas.
Por otra parte, el pleno también aprobó, con la abstención del PP, solicitar la no extradición a Suiza de Hervé Falciani, exempleado de banca al que se le atribuye la difusión de la lista Falciani con nombres de clientes del banco suizo HSBC. El conseller Mariano Juan aseguró que no están en contra de lo que se solicita pero que son casos en los que se debe dejar actuar a la justicia. «Es como si pidiéramos a Alemania la extradición de Carles Puigdemont», aseguró Juan, que propuso al equipo de gobierno «no intentar solucionar problemas de nivel internacional» y «centrarse en los problemas de la isla, que son bastantes».
El pleno se inició con la declaración institucional del Día de la Visibilidad Lésbica que recuerda cada 26 de abrl la realidad que viven las mujeres lesbianas del mundo.
Economía
El equipo de gobierno dio cuenta del estado de morosidad del primer trimestre de 2018, en el que el periodo medio de pago a los proveedores es de 45,88 días. Según el informe, se han pagado en este periodo un total de 1.949 facturas por un importe de 4.178.435 euros, de los cuales están pendientes de pago 389.116 euros. El conseller Gonzalo Juan Ferragut detalló que dentro del plazo legal se han pagado 702 facturas y fuera del periodo legal 1.247 facturas.
El apunte
Rechazo a la sentencia de ‘La Manada'
Varios consellers, como Viviana de Sans, Marta Díaz, Vicent Roig o Lydia Jurado, aprovecharon el inicio de sus intervenciones para mostrar su rechazo a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre el caso de ‘La Manada', en la que se ha condenado a los cinco acusados a penas de 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento (no por violación) a una chica en Pamplona durante las fiestas de San Fermín del 2016. Los consellers repitieron algunas de los gritos que han acompañado al caso como «No es abuso, es violación», «No es no» o «No es un caso aislado, es patriarcado». Cabe recordar que las asociaciones Figa de Pic y Dones Progressistes convo- caron el jueves por la mañana, tras conocer el contenido de la sentencia, una concentración el jueves por la tarde frente a los juzgados de Ibiza para manifestar su oposición a la resolución judicial. Acudieron cerca de 300 personas, entre las cuales había varios políticos.
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