Este ajuste se hace a petición del Consell Consultiu, que ayer envió su dictamen al Govern. El informe es favorable por siete votos a favor y tres en contra y la única observación «esencial» que se hace se refiere a la necesaria transitoriedad de la norma.
Las razones
«El personal sanitario no puede quedar al margen de las exigencias lingüísticas porque, desde luego, su relación con la Administración no es la de un ciudadano, sino que está sujeto a la relación especial entre aquella y todo empleado público a su servicio», señala el órgano asesor.
«Si el ciudadano tiene derecho a usar cualquiera de las dos lenguas, desde luego la Administración debe estar capacitada para atenderle en cualquiera de ellas», añade.
El dictamen reconoce que el decreto establece unos niveles de exigencia de catalán inferiores a los que se fijan con carácter general para el acceso a la función pública. Añade, no obstante, que esta circunstancia está «plenamente justificada» tanto desde el punto de vista de la legalidad como desde la necesidad de adaptar la exigencia del catalán a plazas concretas de la sanidad.
El Consultiu señala que el decreto no marca que el catalán sea un requisito, por lo que no impide la participación en ningún proceso selectivo. Precisa, además, que el Govern estaba legitimado para plantear esta exigencia que no ha hecho «ya que el establecimiento de una condición de carácter lingüístico para la participación en los procesos de concursos o cualquier otra provisión de puestos de trabajo no es en absoluto ajena a la legislación balear».
La adaptación del decreto a lo que establece el Consell Consultiu permitirá al Govern aprobar la norma de acuerdo con el órgano asesor. Se trata de una garantía más ante el anuncio del Gobierno central de que presentará un recurso en contra. El Govern quiere aprobar el decreto cuanto antes para poder convocar oposiciones.
EL APUNTE
Tres votos en contra porque la norma es «ilegal»
Tres miembros del Consultiu, Felio Bauzá, José Argüelles y Marta Vidal, han redactado sendos votos particulares muy contundentes en los que asegura que la norma es ilegal porque incumple la Ley de Función Pública, que exige el catalán a todos los funcionarios –algo que no hace el decreto– y porque contraviene artículos de la Constitución,
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