Dos de las ambulancias del transporte urgente que realiza el Servicio 061 en Balears.

«Nos preocupa el futuro de los trabajadores de las ambulancias», afirmó ayer Rubén Uroz, presidente del comité de empresa de Urgent Mallorca, la compañía de ambulancias que hasta ahora efectúa los servicios de emergencias del 061.

Desde el comité de empresa se exigió ayer al Govern garantías de estabilidad de estabilidad ante la subrogación que sus 250 trabajadores por parte de la nueva empresa pública de ambulancias a partir del próximo el 1 de abril.

Uroz se quejó de que «apenas» tiene información sobre las condiciones en que la nueva empresa pública Gestió Sanitària i Assistencial de Balears integrará a los trabajadores de Urgente Mallorca y Ambulancias Tenorio, que se encarga del servicio en Menorca, Eivissa y en Formentera.

«Tenemos conocimiento oficioso de que las nuevas ambulancias serán camiones y, por tanto, hará falta el permiso de circulación clase C, un permiso que muchos de los trabajadores no tienen», afirmó Uroz.

También afirmó que están molestos porque la Administración les exige «título de catalán, además, claro, del TTES (título técnico de emergencias sanitarias)», indicó.

«Todo es muy confuso, y de momento no tenemos ningún documento en el que figuren las condiciones de esta subrogación», dijo Uroz, quien ayer por mañana se había reunido en Palma con los responsables del IB-Salut.

Garantía

La portavoz del Govern, Pilar Costa, afirmó que el proceso de internacionalización del servicio de ambulancias mantendrá «el personal y garantizará el número de puestos de trabajo».

Costa ya anunció, el pasado 23 de febrero, que el Govern asumirá el servicio durante dos al menos dos años (prorrogables dos años más), con un presupuesto de 28,3 millones de euros. El Ejecutivo prevé mantener a los 298 empleados que trabajan en las empresas adjudicatarias.

EL DATO

298 EMPLEADOS

Es el número de personas que trabajan en las empresas adjudicatarias del servicio de transporte sanitario terrestre urgente en Balears, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico.